El Mega DNU del gobierno no solo está hecho a medida de las empresas sino que tiene efectos directos en la población, a partir serias de desregulaciones, desguace, extranjerización y fuerte retroceso en derechos.
El Mega DNU del gobierno no solo está hecho a medida de las empresas sino que tiene efectos directo –todos negativos– en la población, a partir serias desregulaciones, desguace, extranjerización y fuerte retroceso en derechos laborales. El 20 de diciembre, el gobierno de Milei decidió transformar el funcionamiento de vastos sectores de la vida económica y laboral nacional a través de un decreto de necesidad y urgencia. Pese a que este tipo de reformas estructurales siempre deben ser sancionadas por el Congreso.
Más allá del carácter técnico de cómo se tomó la medida, se buscará los principales cambios contenidos en el mismo y su impacto en la población: desregulaciones en los mercados, desguace y extranjerización y reforma laboral y retroceso en derechos laborales, así como ataque a las organizaciones sindicales.
Desregulaciones de los mercados
Las principales desregulaciones son comercio interior, tarjetas de crédito, comercio exterior, minería, energía, producciones regionales, alquileres, salud, turismo, comunicación y sector aerocomercial. Entre las principales modificaciones se encuentran: la eliminación del Observatorio de Precios, la Ley de Góndolas y de Abastecimiento). “Bajo la premisa de una ‘intrincada red de regulaciones’, lejos de proteger a los sectores más débiles de la población, la eliminación de estas leyes permite mejorar la posición dominante de las principales empresas de consumo masivo, a la par de los principales supermercados, perjudicando los derechos de los consumidores, así como también la posición de pymes y empresas familiares”, señala un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
La derogación de estas normas tiene claros beneficiarios. En la Argentina, el 74% de la góndola lo “manejan” sólo 20 empresas oligopólicas: Unilever (9%), Mastellone Hnos. S.A. (8%), la marca del supermercado o “Empresa del Distribuidor” (8%), Coca Cola Company (5%), Sancor Coop. Unidas Ltda. (5%), Danone (5%) Molinos Rio de La Plata (4%), Procter & Gamble (3%), Papelera del Plata (3%), Cervecería Quilmes S A. (3%), Aguas Danone Argentina (2%), Pepsico Co (2%), Arcor S.A. (2%), Mondelez (2%), Nestle (2%), Bagley S.A. (2%), Molino Cañuelas (2%), Kimberly-Clark (2%), Brf (2%), Establecimiento Las Marías (1%).
Estas empresas profundizan su margen de acción respecto al consumidor (vía precio) pero también respecto al resto de los eslabones de la cadena (pueden extenderle plazos de pago a pymes o excluirlas de las góndolas). “Favorece, además, la cartelización de empresas con los grandes supermercados“, agrega el informe. Del otro lado del mostrador, las PyMEs, empresas de la economía familiar y social y economías regionales se perjudican dado que no tienen garantizado su lugar en góndola. A la par, se ven afectados los consumidores en general (por tener menor acceso a diversidad de bienes y mayor vulnerabilidad frente a las oligopólicas)”, advierte el informe.