En medio de cruces, amenazas y pedidos de aumento del boleto del Transporte Público de Pasajeros, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de declaración de emergencia para el servicio, que habilitaría al Ejecutivo municipal a disponer del manejo de 14 líneas por el plazo de un año, con posibilidad de prórroga.
La intendenta Rossana Chahla, pidió la autorización para modificar los recorridos de las líneas de transporte público urbano e interurbano que actualmente prestan servicio. Se trata de las firmas que transitan dentro de la órbita del municipio y que, en algunos casos, traspasan los límites de la Capital (como la 7, que llega hasta Las Talitas)
En ese sentido, pidió que se le conceda la atribución de “dictar los actos administrativos que sean necesarios para garantizar la continuidad y regularidad de la prestación del servicio de transporte, a fin de optimizar el servicio y cobertura de los mismos, en función de la necesidad de los usuarios y en relación al Plan Integral de Movilidad Urbana (PIMU)”.
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán recibió el proyecto de declaración presentado por la intendenta Rossana Chahla. La medida habilitaría al municipio a disponer de 14 Líneas de colectivos por el plazo de un año y modificar sus recorridos.
El proyecto, que aún no fue revisado por el cuerpo parlamentario en comisión, establece que la emergencia durará un año, pudiendo ser prorrogado su plazo si se mantiene la problemática del transporte. Entre los fundamentos, se habla de una crisis de índole estructural y coyuntural: se menciona el impacto de la crisis económica, la inflación en los costos operativos de las empresas de transporte y la caída de demanda de pasajeros debido a la disminución del poder adquisitivo de la población, entre otros puntos.
El escrito firmado por Chahla y por Benjamín Nieva, secretario de Transporte y Movilidad Urbana, determina que la problemática generó “un círculo vicioso de deterioro del servicio, pérdida de pasajeros y menores ingresos para las empresas”, lo que pone en riesgo la sustentabilidad y continuidad del sistema de transporte público en la ciudad.
“Ante este escenario, se hace necesario que el Concejo declare la emergencia con el objetivo de implementar medidas urgentes y extraordinarias para revertir la situación y garantizar a la población el acceso a un servicio de transporte adecuado, seguro y sustentable”, asevera el proyecto.
El propósito sería, entonces, fijar políticas que coadyuven a mejorar u optimizar la calidad del sistema de transporte brindando al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) las herramientas necesarias para dar soluciones inmediatas. Ante la consulta sobre qué contemplarían las atribuciones de la Intendencia, Nieva dijo que “todo está previsto” pero que la solicitud de emergencia responde, sobre todo, a una cuestión legal.
“Es una cuestión general, pero -puntualmente- nos permitiría hacer readecuaciones según lo establecido en el PIMU sin invadir ningún tipo de jurisdicción y respetando las funciones del Concejo Deliberante”, explicó. Mencionó frecuencias, modificaciones en la reglamentación de algunos contratos, la situación de las empresas, entre otros aspectos.
Nieva aseguró que fue un tema previamente conversado con el cuerpo deliberativo y confió en el acompañamiento de los ediles. “Esto nos va a dar las herramientas para poder trabajar. Estamos transformando la ciudad, el pedido tiene que ver con mejorar el servicio”, remarcó en La Gaceta.
La solicitud ingresó al Concejo y fue derivada a la comisión de Transporte la semana pasada. Todavía no se estableció fecha para que comience a ser tratado por el comité que lidera José María Franco (Unión por la Patria), por lo que no hay definiciones sobre el tema en el edificio de San Martín y Monteagudo.