La gestión de la intendenta de Tafí Viejo, Alejandra Rodríguez, redobló los cuestionamientos ante el reclamo del Gobierno provincial para el pago de una deuda de $12.800, luego de la salida del municipio del “Pacto Social” y en un contexto de tensiones internas en el peronismo tucumano.
El fiscal municipal taficeño, Víctor Schedan, afirmó que existe “asfixia financiera y discrecionalidad política” en la asignación de fondos. “Tafí Viejo es castigada por la distribución provincial”, dijo el abogado cercano al legislador Javier Noguera.
“Desde la asunción de Osvaldo Jaldo como gobernador, Tafí Viejo sufre un reparto desigual de fondos que se aparta de los principios de legalidad y equidad que deberían regir la asignación de recursos públicos”, indicó Schedan. El funcionario agregó que “mientras formaba parte del Pacto Social, Banda del Río Salí -con menos población y viviendas- recibió $11.746 millones más que Tafí Viejo, la ciudad más poblada del interior tucumano”. “Incluso antes de romper con el Pacto, la Provincia ya le ofrecía menos de lo que le correspondía por coparticipación. Los datos revelan un patrón sistemático de favoritismos políticos que convierten recursos automáticos en herramientas discrecionales, debilitando la autonomía municipal y distorsionando la equidad territorial”, enumeró.
Schedan expresó las conclusiones tras un análisis de las transferencias realizadas a siete municipios del área metropolitana. “(El relevamiento) revela disparidades que alcanzan el 340% en montos per capita, contradiciendo frontalmente los parámetros establecidos por la legislación nacional para garantizar equidad territorial”, agregó.
El fiscal municipal dijo que, según el Censo 2022, Tafí Viejo contabiliza 85.548 habitantes. “Debería ser naturalmente el principal receptor de recursos por su peso demográfico. Sin embargo, recibió apenas $19.389 millones durante el período analizado, ubicándose en un discreto 5° lugar en el ranking per capita, con $226.644 por habitante”, afirmó. Y marcó que esta posición “resulta inexplicable desde cualquier criterio técnico”.
Luego, Schedan apuntó que “el contraste más evidente surge al comparar Tafí Viejo con Banda del Río”, municipio a cargo del jaldista Gonzalo Monteros. El abogado calificó a este distrito como “el favorito inexplicable” del Gobierno provincial. “Se convirtió en el mayor beneficiario del sistema, con $31.135 millones recibidos. Esta cifra representa $11.746 millones más que Tafí Viejo, pese a tener 7.879 habitantes menos y 2.070 viviendas menos”, añadió. Y aseguró que “la desproporción alcanza niveles que desafían toda lógica administrativa: Banda del Río Salí obtuvo $400.862 per capita, contra $226.644 de Tafí Viejo. Una diferencia del 77% que favorece al municipio menor, sin justificación poblacional ni territorial que la sustente”, expresó el funcionario.
Schedan puso a otros distritos en la balanza, y manifestó que “el sistema de castigos y premios se completa con los casos de Monteros, Aguilares y Lules, los tres municipios menos poblados del análisis que concentraron recursos desproporcionados”. El primero -donde el intendente es Francisco Serra hijo- quedó en la cima del ranking, según Schedan, con $704.388 per capita; el municipio conducido por Gimena Mansilla, segundo, con $470.443 per capita; y tercero Lules, a cargo de Marta Albarracín, con $240.480.
Schedan aseguró que la legislación provincial (a través de las leyes 7.340 y 8.829) estableció un “sistema paralelo que ignora completamente estos mandatos legales”. “En lugar de aplicar fórmulas técnicas, facultan al Ejecutivo provincial a otorgar ‘asistencias financieras’ según su ‘criterio’ y las ‘posibilidades del erario provincial’”, afirmó.
Por último, según el fiscal municipal, “la asfixia financiera de Tafí Viejo no es una casualidad estadística, sino el resultado de un sistema diseñado para premiar la subordinación y castigar la autonomía”.
Fuente: LA GACETA