La Municipalidad de San Miguel de Tucumán asegura que la descentralización del Tribunal de Faltas a las oficinas administrativas generó un impacto positivo en el manejo del Estado. A partir de los cuestionamientos de los jueces de Faltas, la Capital insiste en la validez del decreto N° 0099 y afirma que la recaudación del Juzgado aumentó un 65,8% desde el dictado de la medida y que se aceleraron los trámites burocráticos en cada repartición.
La disposición que ordenó que cinco jueces fueran transferidos a la Dirección de Tránsito y dos a Catastro para que se aboquen a los requerimientos de dichas sedes, fue mal vista por los magistrados del Tribunal. El presidente del órgano municipal, Gerardo Augusto Poliche, envió al Concejo Deliberante una denuncia contra el Departamento Ejecutivo y también presentó un recurso de reconsideración a la Intendencia.
Los planteos sobre que el Estado no actuó conforme a derecho fueron desestimados por la administración municipal, que además insiste en que la medida resultó favorable en términos de eficiencia administrativa, celeridad procesal y fortalecimiento de la transparencia institucional.
Más ingresos
En primer lugar, en el municipio gobernado por Rossana Chahla remarcan que la descentralización provocó un incremento de más de la mitad respecto de lo recaudado anteriormente en el Tribunal, a lo que consideran consecuencia directa del mayor dinamismo en la tramitación y resolución de expedientes.
El Ejecutivo también reporta una reducción sustancial en los plazos de resolución de causas de Catastro, que habrían pasado de un promedio de seis meses a 16 días. En este punto se pondera la implementación del Sistema de Administración Electrónica (SAE) y la descentralización de los jueces a la repartición.
Asimismo, la Intendencia reconoce un aumento del 40% en las notificaciones a infractores, realizado con personal municipal propio, sin contratación de servicios postales externos. Según manifiesta la Municipalidad, esto redujo costos operativos y mejoró el control de los procesos.
La revisión y activación de causas con planes de pago inconclusos es otra de las situaciones que se habrían visto agilizadas y beneficiadas por la descentralización de Faltas, al que se le impuso un sistema de rotación para que los jueces cambien de repartición cada seis meses.
En definitiva, el municipio concluye que aquellos resultados reflejan un uso más eficiente de los recursos públicos y una mejora sustantiva en la transparencia del accionar municipal.
Para el Ejecutivo, se trata de una discusión cerrada. En el rechazo al recurso del presidente del TC, sostiene que el planteo no reúne los requisitos de admisibilidad “ya que los recurrentes carecen de personería para actuar en nombre del Tribunal de Faltas y tampoco demuestran tener un interés legítimo en las actuaciones”. El escrito añade que los impugnantes no citan normativa procedimental para defender sus fundamentos. Además, sobre la competencia del Ejecutivo para ordenar la descentralización de los jueces o cualquier modificación en el funcionamiento interno del Tribunal, indica que aquella está garantizada según la ordenanza de procedimientos administrativos N° 731/82, en su artículo 132; y otras normas nacionales, provinciales y municipales.
Fuente: LA GACETA