Debió pasar más de un año y medio de gobierno de Javier Milei para que los gobernadores comprendan que el plan motosierra tiene a las cuentas provinciales como uno de sus blancos principales y que, por más colaboración que presten, la Casa Rosada no piensa frenar en sus objetivos. Por segunda vez en pocos días, los mandatarios de todos los partidos partidos políticos se reunieron en la sede de la CFI, en una postal poco usual, para discutir sus problemas en común y transmitirle sus reclamos al Ejecutivo. Ante la poca reacción a sus quejas, este lunes directamente rubricaron un proyecto de ley para que el Gobierno deje de percibir recursos para fondos que no reparte y que se sumen a la masa coparticipable, así se distribuyen entre las provincias. Más allá de lo económico, habrá que esperar a las próximas sesiones en el Congreso para saber si la sublevación de los gobernadores tiene también consecuencias políticas y el oficialismo pierde a un aliado clave para sus propósitos.
“Valoro la reunión que se hizo hoy”, evaluó el gobernador bonaerense Axel Kicillof por la noche en una entrevista. Ver a mandatarios distantes en lo político como Kicillof, el mendocino Alfredo Cornejo, el cordobés Martín Llaryora, el porteño Jorge Macri y el santafesino Maximiliano Pullaro sentados alrededor de la misma mesa sirvió para comprobar el nivel de preocupación al que se llegaron las administraciones provinciales. Kicillof comentó que hay gobernadores e intendentes que no tienen recursos para afrontar el pago de los aguinaldos que deben depositar en los próximos días. La furia de los mandatarios apuntó específicamente al reparto del impuesto a los combustibles y a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) porque se trata de fondos que el Estado recauda pero luego no distribuye.
Forma parte de la magia contable del ministro Luis Caputo por el que las cuentas fiscales son superavitarias: recauda y se queda con lo que no le corresponde. Los gobernadores calcularon en 5,5 billones de pesos la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos que debe destinarse a obras de infraestructura vial que no se repartieron y en unos 900 mil millones de pesos lo recaudado por ATN, que es el 1% del presupuesto. Todos estos recursos tendrían que haberse invertido entre las 24 provincias y el Estado no lo hizo. Por eso, los gobernadores elaboraron un proyecto de ley que ingresará por el Senado para que dejen de existir los fondos fiduciarios que no se reparten y lo recaudado en esos conceptos directamente vaya a la masa coparticipable, así son las propias administraciones provinciales quienes resuelven cómo los gastan. Entre los fondos están el de Infraestructura Hídrica, el del Transporte y el de Compensación del Transporte Público.
En entrevistas que dio el mismo lunes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lanzó varias críticas a los gobernadores. “Hicieron mucho, pero no lo necesario”, deslizó. Consideró que el peso del ajuste había quedado en manos del Ejecutivo nacional y que las provincias no habían ajustado en la misma medida. También que era habitual que cuando llegaba el momento de pagar los aguinaldos, muchas provincias esperaran que le giraran los recursos desde el gobierno central pero que ahora no debían esperar nada. “Las provincias recurren a Nación porque no han conseguido bajar el gasto público”, aseguró al diario La Voz. Por si hiciera falta, planteó que el reclamo provincial no pondría en riesgo el superávit fiscal y que si el Congreso aprobaba un proyecto en ese sentido, el presidente Milei lo vetaría.
Francos y Caputo enviaron a la mesa de los gobernadores al secretario del Interior, Lisandro Catalán, y al secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Pero la propuesta con la que los mandaron no confomó y los mandatarios siguieron adelante con su idea de no postergar más el reclamo, que evidentemente el Ejecutivo no tiene pensado cumplir con el argumento de deficitario. El mismo argumento que el reciente aumento de jubilaciones votado en Diputados y que acompañaron algunos gobernadores que venían jugando con el oficialismo como el tucumano Osvaldo Jaldo. “Al paso que vamos va a haber un costo social muy importante”, sorprendió Jaldo al declarar la semana pasada.
A diferencia del aumento a los jubilados, aquí las provincias no reclaman un gasto extra sino que les envíen lo que se retienen ilegalmente. Kicillof contó que la provincia de Buenos Aires tiene nueve recursos judiciales presentados en la Corte Suprema por fondos que el Gobierno no le gira. Subrayó que la situación es doblemente grave porque las demandas de la gente crecen, dado que el Estado nacional dejó de hacerse cargo de prestaciones esenciales como, por ejemplo, la entrega de medicamentos a pacientes oncológicos. Antes de la reunión en la sede de CFI, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, mostró un mapa de su provincia con los tramos de las rutas nacionales que se encontraban en estado crítico debido a la falta de mantenimiento. Contó que se trataba del 60% del tendido de rutas en la provincia. Esa situación se repite en todo el país.
A diferencia del aumento a los jubilados, aquí las provincias no reclaman un gasto extra sino que les envíen lo que se retienen ilegalmente. Kicillof contó que la provincia de Buenos Aires tiene nueve recursos judiciales presentados en la Corte Suprema por fondos que el Gobierno no le gira. Subrayó que la situación es doblemente grave porque las demandas de la gente crecen, dado que el Estado nacional dejó de hacerse cargo de prestaciones esenciales como, por ejemplo, la entrega de medicamentos a pacientes oncológicos. Antes de la reunión en la sede de CFI, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, mostró un mapa de su provincia con los tramos de las rutas nacionales que se encontraban en estado crítico debido a la falta de mantenimiento. Contó que se trataba del 60% del tendido de rutas en la provincia. Esa situación se repite en todo el país.
Fuente: EL DESTAPE