Un día antes de que finalizara el uso de las facultades delegadas que el Congreso le otorgó al Poder Ejecutivo, el Gobierno anunció una fuerte reestructuración del sistema de transporte terrestre y la gestión de las rutas mediante la disolución de tres organismos estatales, incluyendo la Dirección Nacional de Vialidad, y la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
La medida, que será publicada este martes en el Boletín Oficial, fue anunciada en Casa Rosada durante la tarde por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. “El presidente Javier Milei ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, dijo Adorni, y afirmó: “La corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada”.
A su turno, Sturzenegger aseguró que no extenderán el uso de las facultades delegadas que vencen este martes. “Cristina Kirchner operó durante toda su presidencia con facultades delegadas. Es decir, que para ellos era una forma de gobierno…No vamos a buscar prorrogar como hacía el kirchnerismo, porque tuvimos un año, teníamos un plan, había que hacer algo y lo hicimos”, afirmó el funcionario, mientras los trabajadores de Vialidad realizaban una protesta frente a la sede del organismo.
Según el gobierno, los organismos disueltos, dependientes de la secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, presentaban superposición de funciones y competencias, además de estructuras “sobredimensionadas” y gastos “innecesarios”. Ahora, las autoridades apuntan a eliminar la duplicación de funciones y las “cajas de la política”, avanzar en la transferencia de competencias a las provincias y municipios, y la tercerización de la obra pública en privados.
En ese marco, las funciones de Vialidad, que administra una red de más de 40.000 km compuesta por 118 rutas nacionales, serán distribuidas: el Ministerio de Economía se encargará del estudio, construcción, conservación, mejoramiento y modificaciones del sistema troncal de caminos nacionales y de sus obras complementarias; la nueva agencia de control, del planeamiento, ejecución, fiscalización y control de las concesiones en la red federal; y un nuevo Consejo Vial Federal, de la coordinación de obras viales con las provincias.
Según la secretaría de Transporte, Vialidad tiene una dotación de 5.184 agentes, de los cuales 1.091 se encuentran en Casa Central y 4.053 agentes en los 24 distritos viales. De estos últimos, el 67% cumple funciones administrativas, técnicas o jerárquicas, y el 33% realiza tareas operativas en territorio, lo que supuestamente evidencia su sobredimensionamiento administrativo. Desde Transporte informaron a Clarín que los empleados pasarán a “libre disponibilidad”, pero que “se necesitará personal para seguir cumpliendo las funciones”.
En medio del recorte de la obra pública, el Gobierno anunció en febrero pasado la privatización de más de 9.000 kilómetros de autopistas y rutas. Y en junio formalizó la licitación de un paquete inicial de 741 kilómetros para concesionar sin subsidios públicos, un esquema que viene demorado por la falta de interés de los privados. “El Gobierno dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de ruta que, tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes en la historia”, ratificó este lunes Adorni.
Dentro del reordenamiento anunciado este lunes, la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte absorberá funciones de la exCNRT, entre ellas la aplicación de sanciones y promoción de acciones civiles o penales en caso de incumplimientos, la recepción de denuncias y reclamos de usuarios, y emisión de recomendaciones técnicas; y la intervención en accidentes ferroviarios. Las nuevas autoridades serán definidas en los próximos días, según informaron fuentes oficiales.
El resto de funciones de la exCNRT pasarán a la Subsecretaría de Transporte Automotor de la secretaría de Transporte. Por otra parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) será disuelta y distribuirá sus funciones entre Transporte y Gendarmería, que ahora tendrá su cargo el control y fiscalización de infracciones de tránsito en rutas, autopistas, semiautopistas nacionales y demás espacios del dominio público nacional, una tarea que realizaban los agentes del organismo.
En tanto, las funciones de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV) serán absorbidas por Transporte y llevadas a cabo por la subsecretaría de Transporte Automotor.
Por último, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) dejará de funcionar como tal, reducirá considerablemente su alcance y gasto y pasará a llamarse Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, que limitará su ámbito de actuación exclusivamente al transporte aéreo civil en línea con estándares técnicos y normativos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Y las funciones de investigación técnica de sucesos automotores pasarán a Transporte.
Fuente: CLARÍN