
Por Roxana Mugica
El 16 de julio se oficializó en el Boletín Oficial la eliminación del Registro de Organizaciones que trabajan en prevención de las violencias y el Programa Acercar Derechos.
Este jueves 17 de julio nos amanecemos con un nuevo femicidio, seguido de suicidio del autor del crimen, y mientras el Ministro de Justicia celebra la motosierra a nivel nacional, las víctimas de la violencia riegan con su sangre la Cuna de la Independencia.
Cúneo Libarona anunció con gran entusiasmo lla derogación de la Resolución 571/2021 que se trata del “REGISTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES QUE ABORDAN TEMÁTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD”, cuyo objetivo era relevar y sistematizar la información acerca de las organizaciones sociales vinculadas a la promoción y protección de los derechos de las mujeres y LGBTI+ en nuestro país, con el fin de mejorar el acompañamiento del Estado, los recursos y herramientas puestos a su disposición, y así fortalecer los lazos entre el Poder Ejecutivo Nacional y las organizaciones, como también optimizar el trabajo en red. Además se difundió la eliminación mediante la resolución 55/2022 del “PROGRAMA ACERCAR DERECHOS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIAS POR MOTIVOS DE GÉNERO”. El objetivo de este Programa era brindar una respuesta integral a las necesidades de las mujeres y LGBTI+ que se encontraban en contextos de violencias. Este programa constaba en nuestra provincia de tres equipos de profesionales capacitados en las problemáticas de violencia por razones de género, los cuales articulaban directamente con las organizaciones de la sociedad civil para ofrecer talleres de prevención, capacitaciones a agentes del estado y a Promotoras Territoriales; además brindaban asesoramiento a personas en situaciones de V.G. a partir de los 16 años en adelante y acompañamiento para el acceso a la Justicia.
La medida de eliminar el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad y sus programas se tomó el día 10 de diciembre de 2023 cuando asumió el gobierno Libertario, desde esa fecha se desmembraron los equipos y los programas de relevamiento de datos estadísticos, de contención económica, patrocinio jurídico y reparación comunitaria. Por lo tanto el anuncio no se trata de algo nuevo, solo oficializó lo que ya estaba hecho.
La política de la no-política nos afecta directamente a nosotras y nosotres en especial.
Se dejó de recopilar datos estadísticos en lo que fue una novedad en Latinoamérica: el SICVG (el Sistema Integrado de Casos de Violencia de Género). El Estado nacional dejó de asumir la responsabilidad internacional de sistematizar datos estadísticos, dejaron de contar los casos de violencia de género, los femicidios y transfemicidios, y de realizar seguimiento a casos de alto riesgo desde 2023.
En Tucumán, la Secretaría de la Mujer no levantó el guante de la demanda de un Estado presente para lxs más vulnerables y delegó la responsabilidad al sistema Judicial, dejando de lado la complejidad de la problemática de la violencia de género y la necesidad de coordinar un trabajo real en Territorio, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, de las instituciones públicas y privadas.
Las víctimas no cuentan con herramientas para proyectar una vida libre de violencia, y menos aún cuentan con acceso a Justicia. Y mientras el gobierno mira para otro lado, hoy velamos una hermana más.