José Luis Espert tiene una receta para todo lo que le molesta: cárcel o bala. Ése es el mensaje que les dedica a quienes militan en el kirchnerismo, la izquierda o en los gremios. Pese a que su forma de hacer política está directamente ligada a la violencia y que viene coleccionando denuncias penales desde hace más de tres años, el Poder Judicial no investiga el accionar del diputado nacional que preside la comisión de Presupuesto de la Cámara Baja y es aliado del presidente Javier Milei. Se aplica una regla totalmente diferente cuando quien denuncia es Espert, como mostraron la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quienes en menos de un mes se las ingeniaron para mandar a militantes peronistas a cárceles federales por participar de un escrache contra el economista.
Espert se define como “férreo opositor” al kirchnerismo desde 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada. Así se lo dijo a la jueza Arroyo Salgado, que en su juzgado de San Isidro investigó una protesta que se hizo en la casa que Espert comparte con su pareja y los hijos de ella en la zona de Beccar.
Desde al menos 2022, Espert viene acumulando denuncias en los tribunales de Comodoro Py por sus ataques. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH), entonces conducida por Horacio Pietragalla Corti, lo denunció por instigación a la violencia en dos oportunidades. La primera, cuando pidió cárcel o bala para integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) que estaban haciendo una manifestación frente al Ministerio de Trabajo.
“En un país con alta conflictividad social y política, que se encuentra obligado a respetar el derecho humano a la protesta social, que un representante del pueblo instigue públicamente a matar a quien protesta no puede quedar sin sanción judicial”, había advertido entonces la SDH. Ese mismo año, Pietragalla Corti volvió a denunciarlo después de que Espert reiterara su consigna de cárcel o bala para quienes se estaban manifestando en Lago Escondido.
La justicia federal no avanzó con las denuncias que presentó la SDH. “El Poder Judicial tiene una clara sintonía con quienes profesan una ideología de derecha. Hace rato venimos denunciando el lawfare y que el Poder Judicial persigue a los sectores populares que defienden los intereses de las mayorías”, se queja Pietragalla Corti.
En diciembre de 2023, los dirigentes del Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) Myriam Bregman y Nicolás del Caño también denunciaron a Espert por amenazarlos con su ya clásico “cárcel o bala”. El episodio se inició el 14 de diciembre de 2023, después de que Bullrich presentara su juguete favorito: el protocolo antipiquetes. Como Bregman criticó la medida en X, Espert le respondió: “Cárcel o bala”. Distintos referentes advirtieron que el economista se había pasado de la raya. Del Caño se solidarizó con su compañera. Espert le respondió: “Para vos también, parásito (virgen de CUIT), bueno para nada. Cárcel o bala si violás la ley”.
En su denuncia, Bregman y Del Caño decían lo obvio: que después del atentado que había sufrido Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022 no era gracioso que alguien prometiera “bala” para un dirigente político. De hecho, los integrantes de Revolución Federal –el grupo ultraviolento que andaba con horcas y antorchas– los habían agredido en agosto de 2022. La publicación de Espert no pasó desapercibida y superó los cinco millones de reproducciones. En una entrevista posterior en TN, Espert aclaró que cuando decía “bala” incluía las municiones de plomo.
Diez días después de la presentación de la denuncia, el fiscal federal Gerardo Pollicita opinó que debía ser archivada. “No se advierte la existencia de un evento ilícito penalmente relevante que amerite (la) continuación de la presente investigación”, escribió el representante del Ministerio Público Fiscal. En su dictamen, Pollicita dijo que en TN Espert había explicado el alcance de su tuit: que eran expresiones dirigidas a defender la aplicación del protocolo antipiquetes y el uso del monopolio de la fuerza que tiene el Estado para hacerlo cumplir.
Bregman y Del Caño, que se habían presentado como querellantes, le pidieron al juez federal Sebastián Casanello que mantuviera la investigación a flote. A pesar de que el magistrado pidió tanto a la Policía Federal Argentina (PFA) –que depende de Bullrich– como a la Policía de la Ciudad que analizaran el impacto del tuit de Espert, las fuerzas respondieron con excusas para no hacerlo. Una alegó que no contaba con la tecnología necesaria; la otra sostuvo que debía hacerse manualmente. Casanello optó por pedir colaboración al Programa Nacional de Ciencia y Tecnología del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) –que viene sufriendo la motosierra del Gobierno de Milei.
Bregman denuncia la existencia de una doble vara por parte del sistema de justicia cuando los acusados son dirigentes que comulgan con la Casa Rosada. Remarca, además, que la expresión “bala” no es retórica. “Cuando Matías Aufieri, uno de nuestros abogados, volvía de hacer una de las presentaciones contra Espert, fue baleado por la PFA de Bullrich en el marco de las protestas contra la Ley Bases. Perdió la visión de un ojo porque le tiraron a la cara”, resalta. “Espert no es una persona cualquiera. Es cercano al Presidente y al poder, como lo demuestra la causa que se armó en su (increíble) defensa en la justicia federal de San Isidro, donde se llega a hablar de terrorismo cuando no pasó de un escrache”, continúa Bregman.
El 17 de junio pasado, un grupo de militantes peronistas hizo una protesta en la vereda de la casa de Espert. La acción incluyó llevar estiércol, colgar un pasacalle que decía “acá vive la mierda de Espert” y tirar 51 panfletos. Por estos hechos, Arroyo Salgado procesó a tres personas por delitos graves que incluyen atentado contra el orden público, amenazas agravadas, incitación a la persecución u odio contra otra persona a causa de sus ideas políticas. La magistrada llegó a comparar el hecho con actos propios del nazismo o del fascismo y afirmó que los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner habían desatado un “clima de sedición” desde que la Corte Suprema confirmó la condena y la inhabilitación perpetua de la expresidenta.
Si bien Arroyo Salgado habló en su fallo de la proliferación de discursos de odio, no mencionó que Espert es impulsor del lema “cárcel o bala” y que, un día después de la confirmación de la Corte, tuvo que interrumpir su conferencia en la Universidad Católica Argentina (UCA) por el repudio que causó su afirmación de que Florencia Kirchner era “hija de una gran puta”.
Quien sí lo hizo fue Victoria Donda Pérez, integrante del Parlasur y extitular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Donda denunció a Espert por incitación a la violencia el 15 de julio pasado. En su presentación, que quedó radicada en el juzgado federal de Julián Ercolini, hizo un racconto de una serie de hechos que tienen a Espert como protagonista.
Por ejemplo, mostró que el 9 de noviembre del año pasado tuiteó: “A los deliKuentes que arruinaron un país es cárcel o bala si están vivos y olvido si están muertos”. En una entrevista que brindó el 18 de junio pasado a Luis Majul, definió a CFK como “una gran psicópata” o el “demonio”. También dijo que el kirchnerismo era un “fenómeno psicópata”.
Todo lo que Espert escribe en las redes llega a millones de personas. En X tiene más de 785 mil seguidores. Para Donda, el Poder Judicial está obligado a sancionar los discursos de odio, como los que vierte Espert, quien posiblemente encabece la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires.
Donda recordó cuáles son los estándares para considerar que se está ante un discurso de odio: que el odio sea severo, que haya una intención del emisor de incitar a la discriminación, hostilidad o violencia; que la forma de expresión sea provocativa o directa; que el alcance del discurso sea amplio; que tenga una posibilidad de provocar daño y el contexto en el que tiene lugar.
La cuestión es delicada, pero está centrada en quien emite esos mensajes. “En principio, no acuerdo con denunciar penalmente a alguien por lo que dice, aunque hay excepciones, sobre todo en lo que hace a los actos discriminatorios”, explica el abogado Rodolfo Yanzón.”Sabemos que Espert representa lo más miserable del ser humano, un tipo racista, xenófobo, que odia a los pobres, a los trabajadores y a quienes no piensan como él. Pero eso no describe sólo a Espert, sino a un sistema judicial dócil que, de ser otro, hubiera accionado raudamente, y a un parlamento que debería haber tomado una decisión que podría implicar hasta la expulsión del recinto”, añade.
En el caso de Espert, la buena fortuna no solo le valió con estas denuncias sino también con las que desde 2021 lo vinculan con el empresario Federico “Fred” Machado, detenido y acusado por narcotráfico.
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