El Gobierno parece sumido en un estado de desconcierto total. El presidente Javier Milei insistió con la hipótesis del espionaje ruso, venezolano, boliviano y de la AFA y tuiteó que hay “espías que se disfrazan de ‘periodistas'”, pero en su círculo cercano ni siquiera se ponen de acuerdo acerca de dónde fue grabada Karina Milei. ¿En la Casa Rosada? ¿En la Cámara de Diputados? ¿En ambos? El discurso oficial está cuanto menos descoordinado en el intento de disimular la interna libertaria y el involucramiento en tramas de corrupción a días de las elecciones bonaerenses. En Comodoro Py, el fiscal Carlos Stornelli le siguió la corriente a la denuncia de supuesto espionaje que presentó el Ministerio de Seguridad e impulsó una investigación. Aunque no avanzó con el allanamiento a periodistas (algo que sería un escándalo), pidió información sobre Carnaval Stream y el portal Data Clave, que difundieron los audios sobre coimas. No sólo “cumplió” con el oficialismo sino que parece querer empiojar la investigación sobre esos presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) ya que dice que no se limitará a los audios de la secretaria general de la presidencia ya que la presentación judicial habla de una “operación” que incluye “grabaciones del mismo tenor efectuadas sobre otro entonces funcionario público”, en evidente alusión a Diego Spagnuolo.
La causa de las coimas avanza
Un asunto central es que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, comenzó a analizar una enorme cantidad de facturas de Andis y de la droguería Suizo Argentina. El organismo del Ministerio Público Fiscal participó en los allanamientos pedidos por el fiscal Franco Picardi, que encabeza la investigación, donde se llevaron 16 cajas de documentación. Hay varias cuestiones en estudio: posibles sobreprecios en compras de medicamentos y otras contrataciones, su posible direccionamiento y junto con todo eso presuntos pagos ilegales. Por eso, como informó este diario, la fiscalía dictó medidas que apuntan al análisis patrimonial y movimientos de fondos, como el levantamiento del secreto fiscal y bancario.
También se espera el resultado del análisis de los celulares y otros dispositivos tanto de Spagnuolo como de la familia Kovalivker –dueña de la empresa bajo sospecha– y de Daniel Garbellini, que era director de Acceso a los Servicios de Salud, desde donde manejaba el programa Incluir Salud, desde donde se adquieren medicamentos para personas con discapacidad sin cobertura médica. Garbellini ocupó cargos en distintas administraciones macristas. La información de su celular sería extraída este jueves por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), una dependencia del Ministerio Público fiscal.
La gran Stornelli
La denuncia que hizo Ministerio de Seguridad como parte de la estrategia desarticulada del Gobierno para cambiar el foco de la información, cayó en manos del fiscal Stornelli y el juez Julián Ercolini. El primero, tuvo listo en menos de veinticuatro horas un documento de cuatro páginas donde respalda en buena medida el texto del gobierno. Aunque aclaró, contra el pedido de la cartera de Bullrich, que “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice”, porque es lo que establece “el mandato constitucional”. Eso incluye, aclaró “la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente…”. Esto es porque el planteo pedía allanar los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, que difundieron las grabaciones, así como las instalaciones de Carnaval. Extendía el pedido a la vivienda del dueño, Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, a quien definía como la “mano derecha de Claudio Tapia, opositor declarado del gobierno nacional”. Mencionaba también al abogado Franco Bindi a quien describía como “ligado a agentes inorgánicos de inteligencia y pareja de la diputada Marcela Pagano, quien desde hace meses conspira para boicotear el espacio político que le permitió acceder a su banca”.
Luego, Stornelli hace su propia síntesis de las 20 páginas presentadas por el gobierno y las traduce traduce como un pedido para investigar una “organización criminal” que habría hecho “espionaje ilegal” y así grabó a Karina Milei “en conversaciones y/o comunicaciones privadas”, luego editadas y difundidas “con el propósito de desacreditar la imagen del gobierno en ejercicio influyendo ilegítimamente en la opinión pública e instalando posibles falsas acusaciones…”, para “desestabilizar los principales indicadores de la política económica” e “influenciar en el proceso electoral…” a lo que agrega un supuesto “ánimo destituyente” “que la instrucción procurará develar” (se refiere a la investigación que hará) “ya que, a decir del denunciante, ‘lo ocurrido formaría parte de una trama más amplia, que involucra a la oposición kirchnerista en una campaña de desinformación para derrocar al gobierno'”.
“Podemos afirmar –dice el fiscal– que la maniobra que será objeto de estudio no debe limitarse a los audios mencionados a Karina Milei sino en la génesis de la operación que encuentra su puntapié inicial en supuestas grabaciones del mismo tenor efectuada sobre otro entonces funcionario público”. De esa manera abre la puerta para meter en la bolsa de esta causa judicial lo que sea, e incluso para embarrar la que está en manos de Picardi y el juez Sebastián Casanello, que trabajan esencialmente sobre el relato que surge de los audios que se atribuyen a Spagnuolo, que parecen diálogos en un lugar público, como un bar, donde da detalles la trama de sobornos y compras privilegiada a la droguería Suizo Argentina. La familia Kovalivker hizo un plante para invalidar los audios, ya para eso tramita un incidente separado. Pero las medidas de investigación apuntan a recoger prueba en forma independiente de esas grabaciones. Aun así, hay doctrina que aplicaría a este caso en particular sobre el uso, por caso, de cámaras ocultas, que las considera válidas.
El foco de la denuncia, que firma Fernando Soto, mano derecha de la ministra Bullrich, son los grabaciones de la hermana del presidente, que según quién del oficialismo hable fueron en la Casa Rosada o en la Cámara de Diputados, o ambas. Hacen una mención –como dice el fiscal– a una supuesta gravísima trama de amplio espectro para poder meter el asunto Spagnuolo, pero sin nombrarlo. Bullrich salió este martes a la noche a insistir con la teoría de la operación de espionaje “comandada por el kirchnerismo”, cuando todo parece indica que el origen de las grabaciones podría ser algún libertario a quien el extituar de Andis le tenía confianza y le contó lo que sucedía, lo que no le exime de su posible participación. Lo que sucede es una foto de la interna libertaria pero lo que le importa a la gente de a pie es el robo en el área de Discapacidad donde para colmo el gobierno pasa la motosierra hasta con cierto goce.
Lo que no recogió Stornelli, al menos por ahora, son las referencias a espías rusos y a Venezuela. La embajada de Rusia en Argentina expresó su malestar: “Lamentamos observar que en el contexto de otro escándalo político interno de gran repercusión mediática nuestro país vuelva a ser mencionado de forma negativa”.
Contra los medios
Entre las medidas que le propuso Stornelli a Ercolini, por más que diga que no hará allanamientos para no cometer una violación constitucional, es evidente el hostigamiento hacia el canal de streaming Carnaval y el programa Data Clave. Este último es además un sitio web de noticias. El fiscal pidió que “se requiera al ENACOM que informe respecto de toda licencia, habilitación –si la hubiera– y contratos de transmisión vinculados a Carnaval Stream”; “se requiera a la Inspección General de Justicia la remisión de la copia de los legajos societarios completos vinculados a la o las personas jurídicas vinculadas” a Carnaval y al portal Data Clave” y que se levante el secreto fiscal para que ARCA proporcione también información sobre facturación, contratos publicitarios, declaraciones impositivas y nómina de personal”. Otro punto impactante es que quiere que la Cámara Electoral y la Dirección Nacional Electoral informen” si “existen gatos de campaña declarados en relación” con Carnaval y Data Clave. Es una forma de pedir que se informe si algún partido político paga como campaña para sostener la teoría del complot electoral y la maniobra “del kirchnerismo”, que plante el escrito de Soto, a quien Stornelli pide citar como testigo. El fiscal invoca delitos que van desde asociación ilícita hasta violación a la ley de inteligencia.
La ofensiva para silenciar periodistas y perseguir periodistas para tapar las coimas la inició el propio gobierno no solo con la denuncia de Seguridad del lunes, que también pedía que se prohíba la difusión de los audios de Karina, sino con el pedido que hizo ella misma de una medida cautelar que el juez en lo civil y comercial (que tiene ocho denuncias, la mayoría por abuso laboral y sexual) Alejandro Maraniello le concedió. Expreso acto de censura, el magistrado hizo una prohibición genérica de la difusión de las grabaciones, bajo la suposición de que lesionan el honor, la intimidad y la seguridad nacional, entre otras cosas. Una legión de constitucionalistas y especialistas explicaron hasta el cansancio que no hay ninguna posibilidad de restringir la libertad de expresión cuando lo que sea que se haya manifestado se refiere a un funcionario público o a cuestiones de interés público. Si alguien quiere hacer una demanda, en todo caso tendría que ser posterior, nunca previa. Entidades de periodistas y abogados repudiaron la decisión de Maraniello.
Carnaval Stream apeló, y según el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, el efecto de esa presentación sería que –al responder por la difusión de los audios– eso liberaría al resto de los medios o plataformas para dar a conocer grabaciones. Por otro lado, como el Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tuiteó que las conversaciones (o no se entiende si parte de ellos, difundidos en Uruguay este martes) “en caso de ser reales” fueron registradas en la Presidencia de la Cámara de Diputados, queda la pregunta sobre qué pasa con la medida cautelar que se refiere a diálogos que según el Gobierno se produjeron en la Casa Rosada. La diputada Lilia Lemoine se subió al libreto de Milei para equiparar al quienes mostraron los audios de las coimas con espías y dijo desear que publiquen más “así van presos”. Obviamente no habla de los presuntos sobornos, sino de Karina, cuyos audios no dicen nada relevante penalmente.
Fuente: PÁGINA 12