Cuando ya no quedaba casi nadie en Comodoro Py, a última hora de este jueves, se presentó en la fiscalía de Franco Picardi el consultor y fundador de La Derecha Diario Fernando Cerimedo. Había dicho en una entrevista radial que era amigo del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, quien le había contado “en cuotas” lo que surgía de los audios filtrados que dieron lugar a una investigación judicial sobre posibles coimas en la compra de medicamentos. Bajo juramento, Cerimedo dio un testimonio de alta relevancia para la causa, ya que confirmó que Spagnuolo –según pudo saber Página/12 por allegados al caso– le había descripto, en distintas conversaciones a lo largo de 2024, un esquema de sobornos vinculado al organismo y la Casa Rosada como el que aparece en las grabaciones.
Fue un día con todo tipo de novedades en el expediente donde se rastrean coimas ligadas a Andis y la droguería Suizo Argentina. Los peritos que intentaban extraer la información del celular de Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de esa empresa, se toparon con que había entregado un teléfono reseteado de fábrica, o sea, había sido borrado. Se trata del empresario que el día del allanamiento en su casa en Nordelta se escapó cuando llegaba la Policía de la Ciudad. Apareció en la fiscalía cuatro días después y aportó ese aparato que no tenía nada de nada.
Primer testigo clave
En los audios ligados a Spagnuolo, que los periodistas de Carnaval Stream difundieron y entregaron al fiscal, se detalla una trama de coimas a través de la droguería Suizo Argentina que tendría como destinatarios en el gobierno a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, por montos entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales. También hay referencias a que la empresa de la familia Kovalivker empezó a conseguir cada vez más contratos con la administración de Javier Milei, lo que habría generado el enojo de otros empresarios. De hecho, las contrataciones desde el Estado con la firma se habrían multiplicado en más de un 2.600 por ciento.
Poco después de las primeras filtraciones circuló la versión atribuida a Spagnuolo de que él sospechaba que Fernando Cerimedo era quien lo había grabado. Si fue él u otro, o el propio Spagnuolo, es una de las preguntas que persiguen al Gobierno. En su denuncia en Comodoro Py –presentada por el Ministerio de Seguridad– alegó espionaje ruso, venezolano, boliviano y de la AFA, además de incluir referencias al abogado Franco Bindi y su pareja, la diputada Marcela Pagano. La excusa eran audios de la hermana del Presidente, pero el planteo decía que había una gran maniobra destituyente. Esta causa quedó a cargo del fiscal Carlos Stornelli.
Cerimedo asesoró al gobierno de Milei en comunicación digital y La Derecha Diario se convirtió un canal de difusión central para el mundo libertario. Ahora está distanciado del oficialismo. En una entrevista en Radio Con Vos negó haber sido quien grabó al extitular de Andis, aunque comentó que tenía una relación cercana con él. Explicó que no habían terminado en buenos términos. “Por una situación con mi esposa, dejamos de hablar”, relató. Ella se llama Natalia Basil y fue directora de Apoyos y Asignaciones Económicas en Andis. Se ocupó de auditorías sobre pensiones. “Tuvieron desacuerdos y ella decidió irse”, explicó. En esa nota reconoció que Spagnuolo le contaba manejos y conflictos en el gobierno y respecto de los audios sostuvo que le había relatado lo mismo “en cuotas”.
La declaración de Cerimedo ante Picardi es fundamental porque confirmó el eje del relato que aparece en los audios: dijo que Spagnuolo le describió un esquema de coimas vinculadas a la compra de medicamentos que iban a la Casa Rosada. Ratificó que el extitular de Andis le dijo en distintas oportunidades a lo largo del año pasado que existía el mecanismo de corrupción tal como aparece en las grabaciones. Mientras los Kovalivker tratan de cuestionar los audios, el testimonio del consultor se vuelve relevante porque es una pieza que se suma como prueba independiente (más allá de como se salde a futuro la discusión).
En la causa de Stornelli se tuvieron que presentar los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico. El fiscal no se metió con sus fuentes, pero les pidió los audios. Aportaron los de Karina. los de Spagnuolo están en manos de Picardi.
Un obstáculo tras otro
Para “asegurar” posibles evidencias, apenas se abrió el expediente (con la denuncia del abogado Gregorio Dalbón), Picardi impulsó allanamientos –que ordenó el juez Sebastián Casanello– en Andis, en dependencias de la Suizo Argentina y en las viviendas particulares de Spagnuolo y de las personas mencionadas o aludidas en los audios. Los primeros procedimientos fueron el 22 de agosto. Los hermanos Kovalivker viven en Nordelta, cuyo jefe de seguridad, Ariel De Vicentis, terminó procesado por tratar de impedir los procedimientos y ayudar a los empresarios. Cuando pudieron ingresar, los agentes de la Policía de la Ciudad encontraron a Emmanuel Kovalivker arriba de su auto, como a punto de irse, con siete sobres de papel madera que contenían 266.000 dólares repartidos y 7 millones de pesos. Entregó un celular Samsung de última generación, sin facilitar la clave, y hasta ahora no pudo ser abierto.
Su hermano Jonathan sí llegó a huir a bordo de un Audio modelo S3 a las 00.45. En su casa estaban su esposa y un hijo. Había tres cajas de seguridad: en una había 50.000 dólares, otra estaba abierta, había unos dólares desordenados y bandas elásticas para sujetar fajos desparramadas. La sospecha es que se habría llevado dinero. De la familia es quien tendría mayor manejo en la Suizo Argentina. Se presentó cuatro días después con el abogado Martín Magram y entregó un celular pero no proporcionó la clave. La novedad es que cuando se intentó extraer el contenido del aparato, los expertos encontraron con que estaba reseteado de fábrica, según pudo reconstruir este diario por allegados al caso. Ese procedimiento es el que suele hacer, por ejemplo, quien va a vender un teléfono o pasárselo a otra persona.
La apertura de los dispositivos y preservación del contenido está a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). No es que hubiera una expectativa de grandes hallazgos teniendo en cuenta el paso de los días, pero es llamativo el vaciamiento total del aparato, que despierta una pregunta obvia: ¿Qué quiere ocultar?
Al padre de ambos, Eduardo Kovalivker, tampoco lo encontró la policía en domicilios en la Ciudad de Buenos Aires. Apareció en tribunales una semana después de los primeros allanamientos y entregó un teléfono. Al parecer, no está involucrado en la droguería actualmente (aunque le pertenece la mayor parte), vive parte del tiempo en Uruguay y escribe poesía erótica.
En medio del escándalo, la droguería emitió un comunicado donde aseguraba que “sus directivos y accionistas se encuentran a derecho y se ponen a plena disposición de los organismos de contralor, así como de cualquier poder del Estado, a fin de brindar toda la información de utilidad que permita esclarecer los hechos bajo investigación…” Lo sorprendente fue que, después de varios días sin decir ni una palabra sobre los audios y sus derivaciones, el presidente Javier Milei compartió en “X” el comunicado de la Suizo Argentina. En rigor, la Suizo Argentina financió parte de la campaña del Presidente con miras al balotaje en 2023. El nexo había sido Mauricio Macri.
A las palabras legalistas pronto se las llevó el viento: cuando hubo un nuevo allanamiento en oficinas de la firma, quien estaba a cargo del área de sistemas no quiso los correos electrónicos “corporativos”. La policía estuvo más de 15 horas, aparecieron los abogados y la resistencia se mantuvo. Llevaron al responsable del área a una comisaría y aún así los efectivos se tuvieron que llevar servidores por la fuerza. De todos modos, al parecer, no es posible el acceso a los e-mails, donde se buscan pistas sobre contactos y contrataciones.
En el expediente, la familia Kovalivker fue la que presentó un planteo de nulidad de todo lo actuado al cuestionar el origen de los audios. Por ahora no adhirieron ni Spagnuolo ni el otro hombre bajo la lupa, Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a Servicios de Salud en ANDIS, a quien en los audios el extitular del organismo mencionaba como “me pusieron a un tipo que maneja toda la caja mía”, “un delincuente”. Ambos plantearon que mientras la causa esté bajo secreto de sumario (situación que se mantiene hasta el miércoles que viene) y no sepan que evidencias, no van a opinar al respecto. Los empresarios también intentaron alegar “cosa juzgada”, debido a que ya tramitó el año pasado una causa donde se cuestionaban contrataciones directas. En realidad esa investigación fue archivada, no sobreseída, pero no se hablaba de coimas.
Fuente: PÁGINA 12