Mientras el oficialismo acelera las negociaciones para llevar la reforma laboral al Congreso en febrero, especialistas y sectores opositores advierten que el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei podría reducir hasta un 44 por ciento las indemnizaciones por despido. Frente a ese escenario, el peronismo y otros bloques preparan una contrapropuesta que busca preservar el esquema actual de protección laboral y reforzar el rol de la negociación colectiva.
La discusión se reactivó esta semana tras una reunión de la mesa política del oficialismo en Casa Rosada, donde el Ejecutivo definió la estrategia para conseguir los votos necesarios en el Senado y en Diputados. Gobernadores, aliados dialoguistas y referentes parlamentarios aparecen como piezas clave en una negociación atravesada por tensiones fiscales y diferencias de fondo sobre el modelo laboral que se busca imponer.
Menos indemnización, menos costo para despedir
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto oficial es la modificación del sistema de indemnizaciones por despido sin causa. Actualmente, la ley establece que el trabajador debe cobrar un salario por cada año de antigüedad, calculado sobre el mejor sueldo mensual, normal y habitual, incluyendo adicionales como horas extra, comisiones, premios y bonificaciones. A eso se suman pagos obligatorios como el preaviso, la integración del mes de despido, el proporcional del aguinaldo y las vacaciones no gozadas.
La reforma impulsada por el Gobierno cambia de manera sustancial esa lógica. El nuevo esquema propone que la indemnización se calcule únicamente sobre el salario básico, excluyendo todos los adicionales que hoy integran el ingreso habitual del trabajador. Esa sola modificación implica una reducción directa del monto final a cobrar.
Además, el proyecto habilita la creación de un fondo de cese laboral, un sistema alternativo por el cual el empleador realiza aportes mensuales durante la relación laboral y, al finalizar el vínculo, el trabajador percibe lo acumulado. En ese caso, la indemnización tradicional desaparece y el despido deja de ser un costo extraordinario para convertirse en un gasto previsible.
De acuerdo con estimaciones de abogados laboralistas y especialistas en derecho del trabajo, la combinación de estos cambios podría provocar una caída de hasta el 44 por ciento en las indemnizaciones, un recorte que reconfigura por completo el sistema de protección frente al despido arbitrario.
La lógica del Gobierno: flexibilizar para generar empleo
Desde el oficialismo sostienen que el actual régimen laboral desalienta la contratación formal y encarece el empleo. La reforma, afirman, apunta a reducir la litigiosidad, bajar el costo laboral y generar condiciones más favorables para la inversión y la creación de puestos de trabajo.
En esa línea, la mesa política encabezada por el entorno presidencial analiza qué concesiones realizar para sumar apoyos provinciales, especialmente ante el impacto fiscal que algunos gobernadores advierten por la modificación de impuestos coparticipables. El objetivo del Ejecutivo es abrir el debate legislativo durante las sesiones extraordinarias de febrero y avanzar con rapidez en la sanción del proyecto.
La respuesta opositora: mantener derechos y discutir otro modelo
En paralelo, el peronismo y otros espacios opositores trabajan en un dictamen propio que plantea una visión diametralmente opuesta. La iniciativa rechaza la reducción de indemnizaciones y defiende el esquema actual de cálculo sobre el salario integral, al tiempo que propone fortalecer la negociación colectiva, las paritarias sin techo y el rol del Estado como garante de derechos laborales.
El texto opositor también incorpora una agenda más amplia: protección específica para trabajadores de plataformas digitales, refuerzo del Consejo del Salario, cumplimiento efectivo de derechos como vacaciones y licencias, y la discusión de nuevas políticas vinculadas a la reducción de la jornada laboral y la participación de los trabajadores en las ganancias empresarias.
Para este sector, el trabajo no puede ser abordado únicamente como un costo económico sino como un derecho social que requiere reglas claras y mecanismos de protección frente a la precarización.
Dos modelos en disputa
El debate por la reforma laboral expone una disputa de fondo entre dos modelos. Por un lado, el Gobierno propone flexibilizar el mercado de trabajo, abaratar los despidos y reducir la intervención estatal con el objetivo declarado de dinamizar la economía. Por el otro, la oposición defiende el esquema vigente y plantea actualizarlo sin resignar derechos adquiridos.
Con gobernadores en el centro de la negociación y un Congreso fragmentado, el futuro de la reforma sigue abierto. Lo que está claro es que la discusión no se limita a cambios técnicos: detrás del proyecto se juega una redefinición profunda de las relaciones laborales en la Argentina.