El Gobierno nacional confirmó que desde febrero de 2026 las facturas de los servicios de gas natural y de electricidad en Argentina tendrán nuevos aumentos que empezarán a reflejarse en las boletas del mes que viene. Según informaron fuentes oficiales, la tarifa del gas subirá en promedio un 16,9% en todo el país, mientras que la de la luz aumentará alrededor de 3,6% para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que reciben el servicio de Edenor y Edesur. En el resto del país, el ajuste de la electricidad dependerá de cada provincia y de las decisiones de los respectivos entes reguladores.
Desde el Ejecutivo argumentan que estos incrementos forman parte de un proceso de actualización de tarifas que busca evitar que las boletas sufran saltos bruscos en los meses de mayor consumo, especialmente durante el invierno, cuando las familias utilizan más gas para calefacción y otros servicios. La intención oficial es dar previsibilidad a los usuarios y que las subas se repartan de manera más gradual a lo largo del año.
El impacto del ajuste en las boletas será distinto según el nivel de consumo y la zona donde se encuentre cada hogar. Por ejemplo, en el caso del gas, la categoría residencial más numerosa, que agrupa a casi cuatro millones de usuarios, tendrá aumentos de hasta $3.000 o menos, mientras que para otras categorías con consumos más altos los incrementos podrán llegar hasta alrededor de $11.300 en promedio. Aproximadamente uno de cada cinco usuarios verá una suba menor a $1.000.
El Gobierno también destacó que estos ajustes responden a una combinación de factores, entre ellos la actualización mensual de las tarifas siguiendo una fórmula que toma en cuenta índices de precios y la implementación de un nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados. Bajo ese sistema, el Estado asiste solo a ciertos hogares según criterios de ingresos y situación socioeconómica, y busca que el precio del gas sea más uniforme a lo largo del año, lo que provoca un salto en febrero, que es un mes de menor consumo.
Estas medidas forman parte del camino que el Ejecutivo viene recorriendo para ajustar el sistema de subsidios y tarifas de servicios públicos, con la intención de equilibrar las cuentas fiscales y adaptar los precios de la energía al contexto económico actual.