La Comisión Europea decidió clasificar la soja como cultivo de “alto riesgo”, lo que dejaría fuera al biodiésel argentino del mercado europeo, su principal destino. El sector estima pérdidas por USD 350 millones al año y dice que se podrían cerrar plantas y tomar acciones ante organismos internacionales.
La Unión Europea aprobó una nueva regulación ambiental que afecta la importación de biodiésel de soja y aceite de soja usado para producir ese combustible, y esto podría tener un impacto importante en Argentina. Según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC), esta medida dejaría fuera al país de un mercado clave y generaría una pérdida de exportaciones de alrededor de USD 350 millones anuales.
La modificación de la normativa europea se basa en criterios de cambio indirecto en el uso del suelo (ILUC, por sus siglas en inglés), que ahora consideran a la soja como un cultivo de “alto riesgo” ambiental, al igual que el aceite de palma. Esa clasificación implica que el biodiésel de soja y el aceite de soja no podrán ser importados para producción de biocombustibles en la UE. La única excepción la tiene el aceite de colza, producido dentro del propio bloque europeo.
Argentina exporta gran parte de su biodiésel de soja a la UE, y ese flujo comercial representa casi la totalidad del mercado externo para este producto. En 2025, se exportaron unas 280 000 toneladas de biodiésel de soja hacia Europa, que generaron divisas por aproximadamente USD 350 millones, según estimaciones del sector. Con la restricción europea, ese canal comercial se vería interrumpido.
Argentina registró récords de producción y ventas de biodiésel y bioetanol.
Las entidades del sector califican la decisión europea como una “barrera injustificada al comercio” y sostienen que no hay motivos científicos sólidos para equiparar la soja con otros cultivos de alto riesgo. Gustavo Idígoras, presidente de CIARA, aseguró que la superficie sembrada de soja en Argentina no ha crecido en más de una década y que no hay evidencia de pérdida de carbono en los suelos producto del cultivo. Estas críticas apuntan a que la medida respondería más a presiones políticas internas en Europa que a datos técnicos.
El impacto de esta decisión se suma a otras tensiones comerciales entre Argentina y la Unión Europea en el marco del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE, firmado recientemente. Aunque ese pacto abría expectativas de ampliar las exportaciones agrícolas a un mercado de cientos de millones de consumidores, la inclusión de salvaguardias y regulaciones adicionales ha generado incertidumbre en el sector.
Frente a este escenario, los exportadores argentinos trabajan en armar argumentos técnicos para defender sus productos ante instancias internacionales y buscan coordinar una estrategia de defensa junto al Ministerio de Economía y la Cancillería. Entre las acciones que se evalúan figura llevar el caso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y presentar denuncias en el marco del acuerdo birregional con la UE.
Si no se revierte la medida, la industria advierte que puede haber efectos productivos dentro de Argentina, como la reducción de actividad en plantas procesadoras de biodiésel y la pérdida de ingresos para productores y exportadores que hasta ahora encontraban en Europa su principal mercado.