Tras meses de negociaciones, el pacto comercial fue rubricado y promete recuperar más de mil millones de dólares en exportaciones. Sin embargo, la apertura también despierta inquietudes entre productores e industriales.
El jueves 5 de febrero de 2026 pasó algo que hasta ahora no había ocurrido en la región: la Argentina y los Estados Unidos firmaron un acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos, un tratado que busca profundizar la relación económica entre ambos países con más comercio, menos barreras y reglas claras para las inversiones.
El Gobierno nacional, a través del canciller Pablo Quirno, anuncio el entendimiento celebrando que Argentina será “un socio abierto y competitivo” en el mercado global. Según la Casa Rosada, este pacto estratégico podría recuperar exportaciones por más de 1.000 millones de dólares y abrir nuevas oportunidades productivas.
Uno de los cambios más resonantes tiene que ver con el sector agroindustrial, uno de los motores de la economía argentina. El acuerdo amplía cupos y reduce barreras para productos como carne vacuna, aves, cerdo, lácteos, vinos, frutas y alimentos procesados, con especial atención a la carne bovina: Estados Unidos aceptó una cuota preferencial de hasta 100.000 toneladas al año, lo que podría traducirse en cerca de 800 millones de dólares adicionales en exportaciones.
Pero el impacto no se limita al campo. El pacto también modifica las reglas para industrias manufactureras, como la automotriz y autopartes, permitiendo que vehículos y piezas que cumplan con normas de seguridad y emisiones estadounidenses ingresen con mayor facilidad y se integren mejor en cadenas comerciales internacionales.
Otro punto destacado es la apertura para sectores estratégicos como la energía y los minerales críticos: litio, cobre, petróleo y gas quedaron en el centro de un interés compartido. El entendimiento busca promover inversiones bajo un régimen especial diseñado para atraer capital estadounidense, en un momento en que estos recursos — claves para la tecnología y la transición energética— tienen alta demanda global.
La industria farmacéutica y de dispositivos médicos también tendrá novedades: el acuerdo reconoce aprobaciones regulatorias de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), elimina algunas revalidaciones y agiliza procesos comerciales y certificados electrónicos, lo que podría acelerar la llegada de productos y facilitar exportaciones e importaciones.
Otro aspecto que se discutió en el acuerdo fue el de tecnología y servicios. El texto propone la eliminación de impuestos discriminatorios sobre servicios digitales y garantiza el libre flujo de datos entre los dos países, además de compromisos en propiedad intelectual, lucha contra la piratería y protección de marcas y patentes.
Pese a las expectativas, el acuerdo no está exento de controversias. Sectores industriales argentinos tradicionalmente protegidos por aranceles advierten que la apertura podría traer competencia más dura de empresas norteamericanas y generar tensiones internas sobre la capacidad de competir en igualdad de condiciones. Algunos puntos sensibles, como la revisión de aranceles al acero y al aluminio aplicados por Estados Unidos, quedaron para negociaciones futuras.
El Gobierno ya anunció que enviará el acuerdo al Congreso para su tratamiento durante marzo, donde será debatido y votado por los legisladores. En tanto, productores, cámaras empresarias y sindicatos analizan cómo impactará este nuevo marco —con sus oportunidades y advertencias— en la estructura productiva del país.