El Poder Ejecutivo firmó un decreto que habilita al jefe de Gabinete a cerrar acuerdos con la Ciudad para transferir el fuero laboral. La medida se da en plena discusión de la reforma laboral en el Congreso.
El Gobierno nacional publicó este martes en el Boletín Oficial el Decreto 95/2026, una norma que faculta al jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, a firmar acuerdos para transferir la Justicia del Trabajo desde la órbita nacional hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La decisión ocurre en un momento clave: la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo se vota esta semana en el Senado y concentra el foco político y mediático en el oficialismo.
Según el texto oficial, a partir de ahora Adorni será el encargado de negociar y cerrar el traspaso de competencias laborales con las autoridades porteñas sin necesidad de que el Presidente firme cada acuerdo. Además, se habilita la posibilidad de sumar anexos o convenios complementarios una vez que se firme el acuerdo principal, sin tener que dictar un nuevo decreto presidencial.
La discusión sobre la Justicia laboral no es nueva. La Constitución de 1994 reconoció la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, permitiéndole organizar su propio Poder Judicial, pero la Justicia del Trabajo continuó bajo control nacional con jueces y cámaras designados por el Estado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo en fallos anteriores que esta situación debía ser temporal y que la autonomía porteña implicaba la transferencia de esos tribunales.
En la Legislatura de CABA se sancionaron leyes que reestructuran el fuero laboral local y crean una nueva Cámara de Apelaciones con varios juzgados, pero su aplicación quedó frenada por una medida cautelar de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que sostuvo que la Ciudad no podía avanzar unilateralmente sin un acuerdo con la Nación. Esa decisión mantiene suspendida la aplicación de las normas locales hasta que haya un entendimiento formal entre ambas jurisdicciones.
El decreto de hoy no mueve automáticamente la Justicia laboral bajo control porteño, pero fija las reglas para que el proceso de discusión sea institucional y con respaldo político, según fuentes oficiales. Desde Casa Rosada aseguran que la medida está dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo y recuerdan que el Presidente puede delegar funciones en el jefe de Gabinete.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación advirtió sobre las consecuencias de no concretar la transferencia judicial (Foto: EFE)
Más allá de lo formal, el traslado del fuero laboral tiene implicancias prácticas: podría cambiar el fuero donde se tramitan conflictos laborales en la ciudad, obligando a definir qué expedientes siguen en Nación y cuáles pasan a Capital. La Ciudad ya avanzó en designaciones de jueces y concursos públicos para completar la estructura del fuero local, aunque todo depende ahora de que Nación y CABA acuerden los términos de la transferencia.
La medida también se inscribe en un contexto más amplio: el Gobierno busca aprobar una reforma laboral que propone modernizar normas vigentes desde hace décadas y que, según el Ejecutivo, reduciría la informalidad y dinamizaría el mercado de trabajo. Ese proyecto enfrenta fuerte rechazo de sindicatos que lo consideran una precarización de derechos y críticas de sectores de la oposición, mientras el oficialismo intenta asegurar adhesiones clave en el Senado.
En las próximas horas, la pelota quedará en la cancha de las negociaciones políticas y del propio Congreso, donde el Ejecutivo espera que la reforma laboral y sus capítulos asociados —como el traslado de la Justicia laboral— puedan avanzar y consolidarse como parte de su agenda legislativa para 2026.