Adorni y Sturzenegger impulsan un nuevo capítulo de recortes en el Estado para reducir aún más la planta de trabajadores, en medio de fuertes críticas sindicales por el impacto en empleo y servicios.
El Gobierno nacional avanza con un nuevo episodio de recortes en el Estado bajo la estrategia que en el discurso oficial se conoce como la motosierra. La Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Desregulación están promoviendo un plan que propone ofrecer salidas voluntarias para trabajadores de organismos descentralizados, con el objetivo de sumar nuevas bajas a las más de 60 mil personas que ya dejaron sus puestos desde el inicio de la gestión.
La iniciativa forma parte de una política más amplia de reducción del tamaño del Estado que el oficialismo viene impulsando desde que asumió el presidente Javier Milei. En la Casa Rosada aseguran que la medida busca “modernizar” la administración pública y ajustar el gasto, pero en varios sectores gremiales y sociales se percibe como una profundización del ajuste que impacta directamente en la vida de trabajadores y trabajadoras.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al ministro Federico Sturzenegger, están al frente de la estrategia que contempla la incorporación de salidas voluntarias, es decir, retiros incentivados para quienes quieran dejar sus cargos con algún tipo de compensación. Según fuentes oficiales, la intención es intentar terminar el año con al menos 30 mil trabajadores menos en la estructura del Estado nacional.
Para quienes impulsan el plan, estos cambios son necesarios para equilibrar las cuentas públicas y continuar cumpliendo metas fiscales. En su relato, la administración destaca que ya eliminó decenas de miles de puestos en organismos y empresas públicas desde 2023 y que el ajuste es clave para sostener un equilibrio presupuestario sin déficit.
Sin embargo, el impacto de estos recortes se siente en distintos frentes. Organizaciones sindicales y sectores políticos críticos advierten que la estrategia tiene efectos negativos en la calidad de los servicios públicos y en la vida laboral de miles de empleados. Estos grupos señalan que la reducción constante de personal puede profundizar la precarización y aumentar la tensión social en medio de un contexto económico ya complejo.
La discusión sobre el tamaño y rol del Estado sigue en el centro del debate político argentino. El Gobierno sostiene que achicar la planta estatal es parte de un proceso de modernización que la sociedad exige. Sus opositores, tanto de la izquierda como de sectores del peronismo, argumentan que la política de recortes amenaza derechos laborales y acelera la falta de servicios básicos. A medida que avanza el año, esta tensión promete ser uno de los ejes de la agenda pública y política en 2026.