En una sesión intensa y con posturas enfrentadas en la Cámara de Diputados de la Nación, la legisladora Gladys Medina, referente del bloque Independencia y diputada por Tucumán, defendió la reforma del Régimen Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La votación en el recinto terminó con 149 votos a favor y 100 en contra, y ahora el proyecto pasará al Senado para su análisis final.
Durante su participación en el debate, Medina describió el tema como “muy sensible” y remarcó que detrás de cada caso hay realidades complejas, como situaciones de abandono, conflictos familiares, problemas de salud mental y adicciones. La diputada sostuvo que estas problemáticas no se resuelven solamente desde la sanción penal, sino que requieren una mirada integral que incluya la acción del Estado y el compromiso de las familias.
La parlamentaria tucumana destacó que la responsabilidad primaria de la educación y el cuidado de los menores corresponde a las familias, pero aclaró que el Estado no puede “mirar para otro lado” cuando esas familias no pueden garantizar ese acompañamiento. En ese sentido, propuso que los progenitores asuman las consecuencias civiles de los actos cometidos por sus hijos, en línea con lo establecido en el Código Civil y Comercial.
Medina subrayó que a partir de los 14 años los adolescentes deben ser conscientes de que sus actos tienen consecuencias legales, aunque insistió en que una reforma efectiva debe venir acompañada de políticas públicas que contemplen equipos interdisciplinarios, programas de contención social, atención a la salud mental y un sistema educativo fortalecido.
La diputada también señaló que existe una demanda social creciente por más seguridad y justicia, alimentada por casos de violencia que conmueven a la opinión pública. Pero advirtió que no se pueden descuidar las oportunidades y sueños de los jóvenes, y relató la historia de una adolescente tucumana que escribió un libro a los 11 años y luchó por publicarlo a los 14 como ejemplo de las capacidades que muchas veces quedan ocultas.
Para Medina, el desafío no es solo modificar la legislación penal, sino construir un enfoque que combine justicia con inclusión y apoyo social, con el fin de abordar de manera más amplia la situación de los niños y adolescentes en Argentina.