El ministro de Economía Luis Caputo se encuentra en el centro de una fuerte polémica política y jurídica luego de que un sector de la oposición presentara una denuncia penal en su contra por supuesta manipulación de los números del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La acusación fue presentada por los diputados nacionales Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca, quienes lo responsabilizan por una serie de decisiones vinculadas a la forma de medir la inflación que, según ellos, distorsionan la realidad económica del país.
El eje del conflicto está en la decisión de no implementar un nuevo índice de precios al consumidor (IPC) —preparado para ser aplicado desde enero de 2026— y en mantener la metodología anterior, considerada por los denunciantes desactualizada y menos representativa. La oposición sostiene que esa postergación no fue una simple cuestión técnica, sino una maniobra para ocultar el impacto real de la inflación en la vida de las familias argentinas.
En la presentación ante la Justicia, los diputados de Unión por la Patria detallaron varios delitos que imputan a Caputo, entre ellos violación de los deberes de funcionario público, violación de secretos y deberes de confidencialidad, falsificación de documentos públicos y violación del secreto estadístico. Plantean que al frenar el nuevo IPC y manejar información sensible fuera del cauce formal, el ministro habría atentado contra la independencia técnica del organismo estadístico.
Además, la denuncia subraya el impacto social y económico de estas decisiones: el índice oficial sirve como referencia para la actualización de jubilaciones, asignaciones, salarios y contratos, por lo que cualquier alteración o demora en su actualización tiene consecuencias directas en millones de argentinos. Uno de los puntos más cuestionados es que Caputo adelantó resultados del IPC antes de que fueran publicados formalmente, lo cual, según los denunciantes, constituye una violación del secreto estadístico.
Desde el gobierno y el propio Caputo han habido defensas públicas sobre la transparencia de las cifras oficiales y explicaciones técnicas sobre por qué se decidió postergar la aplicación de la nueva metodología. Para el ministro, el momento de implementar el nuevo IPC debía esperar hasta que el proceso de desinflación se afiance, y negó que hubiese intención de manipular los datos.
El caso se suma a un clima de desconfianza que ya había generado la renuncia del director del INDEC, Marco Lavagna, y un debate público sobre la credibilidad de las estadísticas oficiales después de que el Banco Central reconociera que un nuevo modelo de cálculo habría mostrado aumentos más altos de lo reportado por el índice vigente.
La denuncia penal ahora queda en manos de la Justicia, mientras en la arena política continúa el cruce de acusaciones entre el oficialismo y la oposición. Independientemente del resultado judicial, el episodio profundiza la discusión sobre la transparencia estadística en un momento sensible para la economía argentina, en medio de esfuerzos por consolidar una fuerte tendencia a la baja en la inflación tras varios meses de ajustes profundos.