Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió este lunes que se investigue a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta, por su posible participación en un caso de adopciones ilegales de niños indígenas ocurrido hace décadas y que todavía no fue esclarecido plenamente.
La ONU advirtió que al menos 80 menores indígenas que estaban en un hogar estatal llamado Hogar Temporal Elisa Martínez fueron sacados del país entre 1968 y 1996 a través de procesos de adopción que podrían haber sido irregulares. Según los expertos, esos niños no fueron devueltos a sus familias, muchas de las cuales nunca dieron un consentimiento libre e informado, y tampoco recibieron reconocimiento o reparación hasta hoy.
El planteo de la ONU se centra en que no existe una investigación independiente, pronta y exhaustiva sobre lo sucedido, pese a que circula “información creíble” sobre la posible implicación de autoridades estatales en estos hechos. Entre esas personas mencionadas por los expertos está justamente la fiscal Porras, quien en 1982 fue directora o “tutora legal” del hogar donde ocurrieron las supuestas adopciones ilegales.
En su comunicado, el grupo de especialistas recordó que cualquier funcionario público sobre quien pesen acusaciones creíbles de violaciones de derechos humanos no debería ser preseleccionado o nombrado para cargos importantes hasta que se esclarezca su responsabilidad. Ese señalamiento cobra relevancia porque Porras no solo sigue al frente del Ministerio Público, sino que también es candidata para formar parte de la Corte Constitucional, uno de los máximos tribunales del país.
Expertos de la ONU aseguraron que el Estado guatemalteco tiene la obligación de garantizar el acceso de las víctimas y sus familias a la verdad, la justicia y la reparación, tal como lo establece el derecho internacional en casos de violaciones graves de derechos humanos. En ese marco, pidieron que se abran investigaciones independientes sin dilaciones para determinar responsabilidades y hacer valer los derechos de las personas afectadas.
La figura de Porras está envuelta en fuertes controversias desde hace varios años. Estados Unidos y la Unión Europea la sancionaron en 2022 por presunta corrupción, y su continuidad en cargos de alto nivel ha sido cuestionada por organizaciones sociales y derechos humanos. Que sea elegida magistrada de la Corte Constitucional —posición que le otorgaría inmunidad frente a investigaciones judiciales— preocupa aún más a quienes piden esclarecer la verdad de estos casos.
La situación refleja una tensión central en Guatemala: cómo se aborda el pasado de graves abusos durante y después del conflicto armado interno, y quiénes pueden responder por posibles crímenes que hasta hoy siguen sin resolverse. La ONU sigue en diálogo con las autoridades guatemaltecas para que se respeten los derechos de las familias afectadas y se dé luz sobre hechos que marcaron profundamente a comunidades indígenas.