La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Tucumán anunció que se plegará al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y que, como consecuencia, no habrá servicio de colectivos en la provincia el día que se lleve adelante la medida de fuerza nacional.
El secretario general de la seccional local, César González, explicó que la decisión responde al rechazo del gremio a las modificaciones impulsadas sobre la Ley de Contrato de Trabajo que, según los dirigentes, perjudican derechos laborales como el tratamiento de inasistencias, enfermedades, vacaciones y el régimen de banco de horas.
González señaló que la huelga se implementará en coordinación con la CGT a nivel nacional, por lo que el transporte público de pasajeros quedará paralizado ya sea este jueves o el próximo miércoles, dependiendo de cuándo se concrete la modalidad de paro que definan las autoridades sindicales nacionales.
La medida de fuerza forma parte de una protesta más amplia que la central obrera lanzó en rechazo al avance de una reforma laboral que actualmente se debate en la Cámara de Diputados de la Nación. La CGT, junto con otros sindicatos del transporte y sectores de la producción y los servicios, busca presionar para frenar avances sobre los derechos laborales sin la participación completa de los trabajadores.
En este marco, la adhesión de la UTA —que nuclea a los trabajadores del transporte automotor urbano e interurbano— marca un impacto directo para miles de usuarios del transporte público en Tucumán, ya que la falta de colectivos alterará la rutina de quienes dependen del servicio para ir a trabajar, estudiar o realizar trámites.
Desde el sector gremial afirman que, si bien no están en contra de discutir una modernización de las normas laborales, rechazan las formas en que se propone aplicar esos cambios, ya que creen que implican un retroceso en conquistas laborales históricas. Por eso decidieron acompañar la protesta que encabeza la CGT en todo el país.
La adhesión de la UTA tucumana al paro se produce en un contexto de creciente tensión en el debate político y sindical, con distintas organizaciones de trabajadores manifestando su rechazo a las iniciativas legislativas que, aseguran, podrían afectar el poder adquisitivo de los salarios y las condiciones de empleo.