El Gobierno nacional anunció esta semana la prórroga por un año del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta clave que el Ejecutivo utiliza para atraer capitales extranjeros y potenciar proyectos de gran escala en sectores estratégicos de la economía argentina. La extensión fue confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y formalizada con el Decreto 105/2026, publicado en el Boletín Oficial esta semana.
Desde julio de 2024, cuando el RIGI entró en vigencia, empresas nacionales y extranjeras tuvieron dos años para adherirse al régimen. Ese plazo ahora se amplía hasta el 8 de julio de 2027, en lo que constituye la única prórroga que permite la norma original. Según el Gobierno, esta ampliación responde a la necesidad de acompañar la estructuración de proyectos que requieren plazos más extensos de planificación y financiamiento.
En su mensaje oficial, Caputo sostuvo que además de extender el plazo, se realizaron cambios para hacer el régimen “más claro y eficiente” y otorgar mayor previsibilidad a los inversores. Entre las principales modificaciones se incorporan nuevos desarrollos del sector petrolero y gasífero, con un umbral mínimo de inversión de 600 millones de dólares para poder acceder a los beneficios del RIGI.
El RIGI ofrece varias ventajas fiscales, como una reducción de la tasa del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, exención de derechos de exportación, la posibilidad de deducir el IVA antes del inicio de operaciones y la habilitación de mecanismos de arbitraje internacional para resolver controversias legales. La idea oficial es que estas condiciones incentiven decisiones de inversión más arriesgadas y a largo plazo, en un contexto global competitivo.
Hasta el momento, el Gobierno contabiliza diez proyectos aprobados bajo el régimen por un total de más de 25.000 millones de dólares, con más iniciativas en evaluación que podrían sumarse en los próximos meses. Estas inversiones se concentran principalmente en provincias como Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe, y abarcan desde energías renovables hasta minería y infraestructura.
La inclusión de proyectos de exploración y producción de hidrocarburos costa adentro responde a la estrategia oficial de potenciar la producción energética local y fortalecer las exportaciones del país. La actividad upstream, que comprende desde la búsqueda de yacimientos hasta la extracción de crudo y gas natural, es vista por el Ejecutivo como un sector con alto potencial de crecimiento, siempre que se garanticen reglas de juego estables y claras.
Críticos de la política económica, entre ellos sectores de la oposición y algunos referentes de la industria nacional, sostienen que los incentivos fiscales pueden beneficiar principalmente a grandes grupos con matriz extranjera y que no siempre se traducen en beneficios sociales o en la generación de divisas estables. Sin embargo, en el oficialismo defienden que sin mecanismos como el RIGI, proyectos de escala global serían inviables en el país.