La Asamblea Nacional de Francia encendió una nueva controversia en torno al Museo del Louvre, epicentro de tensiones políticas y críticas por su forma de gestión. Esta semana, los diputados que integran la comisión parlamentaria que investiga el millonario robo de joyas del año pasado anunciaron que interpelarán a la ministra de Cultura, Rachida Dati, para que explique ante la Cámara las decisiones tomadas en torno al manejo del museo más famoso del mundo.
Los legisladores de la oposición han señalado que durante la investigación surgieron “fallos sistémicos” y un conjunto de deficiencias administrativas y de seguridad que habrían facilitado el robo de ocho piezas de la corona francesa, valoradas en más de 100 millones de dólares. Para muchos diputados, lo ocurrido no fue un hecho aislado ni accidental, sino el resultado de una gestión que funcionó con demasiada independencia, al punto de describirse como un “Estado dentro del Estado”, donde el Louvre operó con una autonomía excesiva y escasos controles efectivos por parte de los organismos públicos.
En las últimas semanas, la comisión parlamentaria —liderada por figuras como Alexandre Portier y Alexis Corbière— recopiló testimonios y evidencias en alrededor de 70 audiencias con expertos, empleados del museo y autoridades políticas. Tras ese proceso, los diputados manifestaron su preocupación porque, más allá del robo en sí, se observa una cultura de negación de riesgos y una estructura de gobernanza cerrada que habría dificultado respuestas rápidas y eficaces ante fallas graves.
Diputados franceses denuncian fallos sistémicos en la seguridad del Museo del Louvre tras el millonario robo de joyas de la corona (Foto: REUTERS/Abdul Saboor)
El liderazgo de la directora del Louvre, Laurence des Cars, quedó en el centro de la polémica. Aunque ella presentó su renuncia tras el robo de octubre de 2025, el presidente Emmanuel Macron rechazó la dimisión y la confirmó en el cargo que ocupa desde 2021. Esa decisión fue duramente cuestionada por los diputados, que advirtieron que, en otras instituciones y países, fallas de esta magnitud habrían implicado una salida inmediata de la dirección.
La interpelación —prevista para la próxima semana— no solo empuja a des Cars a dar explicaciones públicas, sino que pone también en el centro del debate a la ministra Dati, responsable política del sector. La comisión busca esclarecer no solo qué sucedió antes y durante el robo, sino por qué las advertencias previas de vulnerabilidades no dieron lugar a medidas eficaces, y cómo se puede evitar que un hecho de esta envergadura vuelva a repetirse.
Mientras tanto, el gobierno francés enfrenta presiones para “retomar el control” del Louvre, como señalaban algunos portavoces parlamentarios. Según estos, la falta de supervisión efectiva creó un vacío de poder que pudo haber alimentado la llamada “deriva de los poderes públicos” dentro de la institución, afectando la protección del patrimonio cultural más importante del país.
La investigación oficial continúa y se espera que el informe final del Parlamento se entregue a principios de mayo. Aunque cuatro sospechosos del robo están bajo custodia policial, hasta el momento ninguna de las piezas sustraídas ha sido recuperada, lo que mantiene la atención mediática y política en torno al Louvre y sus protocolos de seguridad.