La Justicia penal económica dio un paso importante en la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas irregularidades fiscales al citar a declarar como imputados a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la entidad, y a Pablo Toviggino, su tesorero. La medida se adoptó este jueves a raíz de un pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusa a la AFA de retener impuestos y aportes previsionales sin depositarlos ante el fisco en tiempo y forma.
La investigación judicial gira en torno a más de 19.300 millones de pesos que, según la denuncia, la AFA habría retenido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 pero no habría transferido al organismo recaudador dentro del plazo legal. Ese dinero correspondería a conceptos que incluyen retenciones de IVA, del impuesto a las ganancias y de contribuciones a la seguridad social, entre otros.
El juez en lo penal económico, Diego Amarante, aceptó el pedido de la querella y fijó audiencias para los próximos días: Tapia deberá presentarse el 5 de marzo, mientras que Toviggino está citado para el 6 de marzo. Además de ellos, otros integrantes de la conducción de la AFA, como el secretario general Cristian Malaspina, el director general Gustavo Roberto Lorenzo y el ex secretario general Víctor Blanco Rodríguez, también fueron incluidos en el proceso y citados a declarar más adelante.
La resolución judicial también incluyó una medida cautelar: tanto Tapia como Toviggino y los demás imputados tienen prohibición de salir del país mientras se desarrolla la investigación, una decisión que el magistrado fundamentó en la gravedad de los hechos y en la pena en expectativa asociada al presunto delito.
El pedido de indagatoria de ARCA se basa en la figura de apropiación indebida de fondos públicos por parte de la AFA, en su rol de agente de retención y percepción de tributos. Según la presentación, la entidad habría descontado de salarios y facturas los impuestos correspondientes, pero no habría ingresado esos importes al Estado dentro de los 30 días corridos posteriores al vencimiento legal, como exige la normativa tributaria.
La acusación sostiene que la AFA contaba con capacidad financiera para cumplir con esas obligaciones: durante el período investigado, registró acreditaciones bancarias significativas y constituyó plazos fijos tanto en pesos como en dólares, lo que, según el organismo recaudador, evidencia que no existió una incapacidad material para realizar los pagos.
En este tramo de la causa, la indagatoria funciona como primer acto formal de defensa: el juez comunica a los imputados las acusaciones y las pruebas que obran en el expediente, y ellos tienen la posibilidad de declarar o abstenerse. La eventual responsabilidad penal de Tapia, Toviggino y los demás será determinada en etapas posteriores del proceso.
La causa se enmarca en un contexto en el que se intensificó el escrutinio judicial sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de grandes contribuyentes y entidades de importante volumen económico. Por ahora, el expediente continúa en etapa preliminar, con la expectativa puesta en las declaraciones indagatorias programadas para los próximos días.