
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la madrugada del viernes el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. Tras más de 12 horas de debate en el recinto, la iniciativa obtuvo 135 votos a favor, 115 en contra y ninguna abstención, y deberá ser ahora revisada por el Senado tras la incorporación de modificaciones al texto original, entre ellas la eliminación de un artículo polémico sobre licencias médicas.
En este marco, los nueve diputados nacionales por la provincia de Tucumán estuvieron presentes durante la sesión y participaron de la votación, aunque con posiciones diferenciadas.
Entre los representantes que votaron a favor del proyecto están Gladys Medina y Elia Fernández de Perez, del bloque Independencia; Soledad Molinuevo, Federico Pelli y Gerardo Huesen, de La Libertad Avanza; y Mariano Campero, del radicalismo. Javier Noguera estuvo ausente en el momento de la votación.
Por el contrario, los legisladores Pablo Yedlin y Carlos Cisneros, del espacio Unión por la Patria, expresaron su rechazo al proyecto durante el debate y lo ratificaron con su voto negativo en la sesión. Ambos argumentaron que la reforma implicaría una regresión de derechos laborales y podría tener un impacto negativo para los trabajadores y las finanzas de la provincia.
En redes sociales y espacios públicos, la votación también generó fuertes reacciones. Dirigentes sindicales, militantes y votantes cuestionaron especialmente a los diputados afines al oficialismo provincial por el respaldo brindado al texto, señalando que muchos de ellos habían compartido en campaña fotografías y declaraciones junto a referentes del movimiento obrero.
La tensión en torno al proyecto no se limitó al recinto. Durante la sesión previa, en las comisiones parlamentarias hubo cruces verbales de alto tono entre legisladores de distintas bancadas, en un clima que reflejó las profundas diferencias políticas y sociales que atraviesa esta reforma.
Ahora, el proyecto de reforma laboral sigue su camino legislativo en el Senado, donde los senadores deberán considerar las modificaciones introducidas por Diputados antes de una posible sanción definitiva. Mientras tanto, la discusión pública continúa encendida en todo el país, con sindicatos y organizaciones sociales que ya anticipan nuevas expresiones de rechazo.