Desde Buenos Aires — Pese al reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló buena parte de los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump, el Gobierno argentino ratificó su compromiso de avanzar con el acuerdo comercial sellado con Washington y anunció que enviará al Congreso argentino los detalles técnicos del entendimiento para su análisis y aprobación formal.
La decisión de la máxima instancia judicial estadounidense —dictada el viernes pasado— determinó que Trump excedió su autoridad al imponer aranceles generalizados sin la aprobación del poder legislativo, al basarse en una ley de emergencia económica que no le otorga esa facultad. La Corte sostuvo que solo el Congreso tiene la potestad constitucional de establecer impuestos y aranceles, lo que representa un revés significativo para uno de los pilares de la política comercial de la administración estadounidense.
En respuesta, la Casa Blanca anunció nuevas tasas arancelarias a través de otras herramientas legales disponibles, mientras mantiene abierta la discusión sobre cómo continuar con su estrategia comercial.
El Gobierno argentino descarta que el fallo de la Corte Suprema estadounidense afecte el trata comercial. Foto: Reuters
Este fallo judicial tiene efectos que van más allá de la propia política estadounidense: impacta en acuerdos internacionales que estaban en marcha, incluido el que firmaron recientemente la Argentina y los Estados Unidos. A principios de febrero, ambos países consensuaron un acuerdo de comercio e inversión recíproca, en el que Washington se comprometió a eliminar aranceles recíprocos sobre más de 1.600 productos argentinos y Buenos Aires aceptó eliminar o reducir gravámenes sobre más de 200 bienes estadounidenses.
Fuentes del entorno del presidente Javier Milei aseguraron que, pese al fallo contraproducente en Washington, el plan del Gobierno es que ese marco comercial “siga adelante y no se vea frenado”. Por eso, explicaron, el acuerdo será enviado al Parlamento argentino para que los legisladores puedan analizar los aspectos técnicos y legales antes de su implementación.
Desde el oficialismo aclaran que la intención es mostrar transparencia y someter a discusión pública y parlamentaria las obligaciones y beneficios que el pacto implica para Argentina. Esto incluye temas sensibles como la reducción de barreras arancelarias para productos argentinos en el mercado norteamericano, la apertura de cuotas para carne y otros bienes, y compromisos en materia de estándares regulatorios.
Milei junto a Trump, durante la reciente reunión de la Junta de la Paz. Foto: Reuters
En paralelo, desde algunos sectores de la oposición —incluidos legisladores y referentes industriales— expresaron reservas sobre los posibles efectos del pacto, especialmente si el contexto global sigue siendo incierto tras las recientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y otras economías. Sin embargo, el Ejecutivo nacional insiste en que el acuerdo representa una oportunidad para potenciar las exportaciones argentinas y atraer inversiones, aun cuando parte de su éxito dependerá de cómo evolucione la política comercial estadounidense en los próximos meses.
Con la llegada de este texto al Congreso, se prevé que inicie un debate en comisiones técnicas sobre los capítulos del acuerdo y su impacto en la industria, la agricultura y el comercio exterior. Para que el tratado pueda entrar plenamente en vigencia, los analistas subrayan que contar con un aval legislativo argentino dará mayor previsibilidad y solidez legal al proceso en un contexto internacional volátil.
La mirada oficial es que este paso no solo responde a un requisito institucional interno, sino que también fortalece el posicionamiento de Argentina como socio confiable en la escena global, mostrando que la política comercial negociada con Estados Unidos puede sostenerse incluso ante desafíos jurídicos externos.