El fútbol argentino volverá a ser noticia por algo más que goles y campeonatos: los clubes de primera división anunciaron un paro de toda la actividad del 5 al 8 de marzo, en reacción a una causa judicial que pone en el centro a los principales dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La medida, que implica la suspensión de la novena fecha del torneo Apertura y de todas las categorías oficiales, fue decidida por la AFA como forma de protesta ante la citacióna indagatoria del presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero, Pablo Toviggino, dispuesta por un juez penal económico.
La investigación judicial tiene su origen en una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusa a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social de sus empleados sin ingresarlos al Estado dentro de los plazos legales. Según la presentación del organismo recaudador, la conducta se habría repetido durante 19 meses consecutivos, con más de 69 hechos independientes y un monto total que supera los 19 mil millones de pesos.
Para ARCA y el juez interviniente, Diego Amarante, no depositar dentro de los 30 días posteriores al vencimiento configura un delito penal tributario, incluso aunque luego los pagos se hayan concretado. En consecuencia, funcionarios de la AFA, como Tapia y Toviggino, fueron convocados a prestar declaración.
Tapia, Toviggino y la conducción de la AFA (Crédito: AFA)
Desde la conducción del fútbol, la respuesta fue política más que técnica: anunciaron la paralización de los partidos con un comunicado en el que niegan que exista una deuda exigible y aseguran que las obligaciones fueron abonadas antes de sus vencimientos. Según esa postura, la denuncia sería un intento de aplicar normas penales a hechos que aún no estaban vencidos.
Este choque de interpretaciones llevó al paro de actividades, una medida que en Argentina no se veía desde años y que compara su impacto solo con las suspensiones vividas durante la pandemia de COVID‑19.
La decisión de la AFA generó un debate más amplio en la opinión pública: hay simpatizantes que ven en el paro una defensa ante lo que consideran una “persecución judicial”, pero también hay críticos que señalan que usar el fútbol como herramienta de presión política es una salida corporativista que perjudica a los hinchas y al espectáculo.
Por su parte, el Gobierno nacional evitó pronunciarse públicamente sobre el conflicto. Fuentes oficiales consultadas por medios nacionales afirmaron que optaron por el silencio deliberado, para no alimentar la narrativa de “persecución política” que dirigentes de la AFA intentan instalar. Según esas fuentes, el Ejecutivo considera que se trata de un conflicto entre una entidad deportiva y la Justicia, y no quiso entrar en la polémica mediática.
Esa ausencia de declaraciones se suma a la tensión entre el fútbol y el Estado en un contexto más amplio, marcado por debates sobre reformas en el deporte profesional y posibles cambios en la forma de gestionar clubes.
Mientras tanto, la causa judicial sigue su curso y tanto Tapia como Toviggino deberán presentarse ante la Justicia en los primeros días de marzo. La suspensión del fútbol le da al conflicto una dimensión política y social que va más allá de los terrenos de juego y que promete seguir siendo un tema central en la agenda nacional durante las próximas semanas.