Estados Unidos volvió a flexibilizar su política energética hacia Cuba con una decisión que, si bien no levanta el embargo en forma amplia, introduce un cambio significativo en un contexto de escasez de combustible y crecientes presiones económicas sobre la isla. El Departamento del Tesoro norteamericano anunció el miércoles 25 de febrero de 2026 que permitirá la venta y reexportación de petróleo y gas hacia Cuba, siempre que estas operaciones cumplan con condiciones estrictas y estén orientadas exclusivamente al sector privado y a fines considerados humanitarios.
La decisión fue oficializada por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), el organismo del Tesoro que administra y aplica las sanciones económicas de Washington. Según la guía publicada, las empresas interesadas en exportar combustible hacia Cuba podrán solicitar licencias para hacerlo solo si el petróleo o los productos derivados están destinados a individuos o compañías privadas de la isla, y no a instituciones vinculadas al Estado cubano, el ejército o los servicios de inteligencia.
Esta medida representa una modificación parcial de la rígida política de bloqueo energético impuesta por Estados Unidos en los últimos meses. En enero, tras un operativo militar en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, Washington tomó control de las exportaciones petroleras venezolanas y suspendió los envíos de crudo que durante más de dos décadas habían sido el principal sostén energético de Cuba.
La isla caribeña enfrenta desde entonces una grave crisis energética con cortes de luz, escasez de combustible para transporte y servicios básicos y limitaciones crecientes para la producción industrial y agrícola. Ante esta situación, la autorización para revender petróleo de origen venezolano a través de intermediarios o compañías privadas podría ofrecer un alivio parcial, aunque con importantes limitaciones.
La política de licencias contempla que las ventas deben seguir las regulaciones vigentes de Estados Unidos y que los beneficiarios finales deben ser actores del mercado privado cubano. Expertos señalan que, al dejar fuera al gobierno y a las fuerzas armadas de la isla, esta medida busca evitar que recursos energéticos fortalecieran estructuras estatales que Washington considera problemáticas desde el punto de vista de su política exterior.
El anuncio se produce además en un momento de tensiones diplomáticas ampliadas en la región, con Estados Unidos buscando también el respaldo de países del Caribe para sus políticas hemisféricas y enfrentando críticas sobre el impacto humanitario de sus sanciones energéticas. Líderes de la Comunidad del Caribe han advertido que una Cuba debilitada por la escasez de combustible podría generar inestabilidad en todo el Caribe.