El Senado de la Nación Argentina vivió este jueves una jornada con dos ejes centrales que marcan el rumbo legislativo y político del país: la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y el inicio del debate para modificar la Ley de Glaciares, en una sesión con quórum y fuerte atención pública.
En primera instancia, la Cámara alta sancionó como ley el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea, un acuerdo que estuvo en negociación por más de 25 años y que busca abrir un espacio de libre comercio con uno de los bloques económicos más grandes del mundo. La iniciativa fue aprobada con 69 votos a favor y solo 3 en contra y ahora aguarda su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo para comenzar a generar efectos en el comercio exterior argentino.
El oficialismo había empujado la inclusión del tratado en el temario de la sesión de este jueves con la intención de adelantar la ratificación en Argentina y obtener ventajas comerciales antes que otros miembros del Mercosur. Además de la aprobación del acuerdo, durante la jornada se dio luz verde al pliego que designa a Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea, una decisión que también generó debate en el recinto.
La pantalla digital del Senado de Argentina muestra la aprobación del Acuerdo Mercosur-UE con 69 votos afirmativos, mientras Pablo Quirno observan la sesión. (Maximiliano Luna)
Tras la sanción del pacto comercial, los legisladores pusieron en marcha el tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares, un tema que se ha transformado en uno de los más polémicos del calendario parlamentario. La discusión se centra en cambios a la actual normativa de protección ambiental que regula las actividades en zonas de glaciares y periglaciares. El proyecto impulsado por el Gobierno propone otorgar mayor capacidad de decisión a las provincias sobre sus recursos naturales e introducir criterios técnicos para evaluar el impacto de actividades productivas, incluida la minería.
Esta modificación ha generado posturas encontradas dentro y fuera del Senado. Por un lado, sectores provinciales con vocación minera y legisladores oficialistas sostienen que una actualización de la ley permitirá atraer inversiones y dar mayor autonomía a las jurisdicciones locales. Por otro, organizaciones ambientalistas y parte de la oposición advierten que recortar las actuales protecciones podría poner en riesgo recursos hídricos estratégicos y debilitar la conservación de los glaciares, esenciales para el abastecimiento de agua de amplias regiones del país.
La sesión se desarrolló con normalidad institucional y el quórum necesario, aunque las negociaciones para asegurar los votos a favor del proyecto de modificación ambiental continúan siendo clave para el oficialismo. La discusión se da en un contexto político en el que el Gobierno busca avanzar con una agenda legislativa ambiciosa antes de que finalicen las sesiones extraordinarias, con temas de impacto económico, social y ambiental en juego.