La industria pesquera argentina atraviesa un momento de alarma y preocupación por el futuro inmediato de la actividad, según denunciaron representantes del sector reunidos con autoridades del Gobierno nacional en los últimos días. Las cámaras empresarias expusieron que la combinación de altos costos en dólares, precios internacionales deprimidos y presión impositiva ha vuelto “insostenible” la actividad pesquera, con un impacto potencialmente severo sobre el empleo y las economías de las comunidades del litoral marítimo.
Durante un encuentro con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y el subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, las entidades señalaron que sin la eliminación de los Derechos de Exportación (retenciones) la pesca podría paralizarse nuevamente, afectando directamente a los trabajadores y a toda la cadena productiva vinculada a esta actividad.
Los representantes del sector destacaron que, si bien en 2025 la industria generó más de 2.000 millones de dólares en divisas, uno de los mejores registros de la historia reciente, la actual estructura de costos y tributos pone en riesgo la rentabilidad. En ese marco, sostienen que los porcentajes de retenciones entre el 5% y 9% según el producto, junto con otros tributos, terminan de desbalancear la ecuación frente a países competidores que no aplican impuestos similares a sus exportadores.
El presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA), Eduardo Boiero, respaldó el ordenamiento macroeconómico general, pero advirtió que ya existe un límite en la capacidad de ajuste del sector. Bajo las condiciones actuales, aseguró que podría repetirse una parálisis de la actividad similar a la vivida en 2025, cuando la industria enfrentó pérdidas por más de 200 millones de dólares en exportaciones de langostino, una de las principales especies comerciales del país.
Según las cámaras, unos 46 mil trabajadores dependen directamente de la pesca en comunidades marítimas argentinas, y una nueva interrupción de la producción generaría un fuerte golpe social, con posibles pérdidas de empleo y deterioro de las economías locales.
El reclamo por la eliminación de las retenciones se suma a otras tensiones históricas del sector. En años recientes, la pesca ha enfrentado conflictos laborales, parálisis de flotas y disputas por condiciones de trabajo y productividad, que en algunos casos llevaron a fuertes pérdidas económicas y paros de embarcaciones.
Desde el Gobierno se reconoce el valor estratégico del complejo pesquero para el ingreso de divisas y la economía nacional, pero las soluciones planteadas por el sector todavía no se tradujeron en medidas concretas que modifiquen el régimen impositivo que hoy reclama. Las negociaciones continuarán en los próximos días, con la intención de evitar un escenario de paralización que podría profundizar la ya sensible situación laboral y productiva del sector.
En paralelo a este reclamo, el país también avanzó en compromisos internacionales relacionados con la actividad marítima. Recientemente, Argentina formalizó su adhesión al Cape Town Agreement, un tratado global para mejorar los estándares de seguridad en embarcaciones pesqueras, que entrará en vigor en 2027 y apunta a fortalecer condiciones de trabajo y seguridad en la flota.