El Gobierno nacional oficializó este lunes una ampliación significativa del listado de drogas y sustancias controladas en Argentina al incorporar 254 nuevos compuestos al Anexo I del régimen de estupefacientes, según quedó establecido en el Decreto 122/2026 publicado en el Boletín Oficial.
La medida se realizó en el marco de una revisión normativa que buscó adecuar el sistema legal argentino a la evolución del tráfico, consumo y aparición de nuevos compuestos psicoactivos, muchos de ellos sintéticos o de diseño, que no estaban contemplados en el listado anterior.
Autoridades nacionales explicaron que la actualización fue fruto de un trabajo conjunto entre las Fuerzas de Seguridad federales, las policías provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, junto a laboratorios oficiales especializados en análisis químico-forense. Esta tarea permitió identificar sustancias que circulan en el país y que presentan potencial de abuso, riesgo para la salud y capacidad de generar dependencia.
Entre los compuestos incorporados figuran análogos del fentanilo, cannabinoides sintéticos y semisintéticos, barbitúricos, benzodiacepinas, catinonas sintéticas, fenidatos, opioides sintéticos y otros tipos de psicotrópicos. Esta diversidad refleja la complejidad actual del mercado de drogas, donde nuevos químicos ingresan rápidamente al consumo ilícito a través de circuitos clandestinos.
El Decreto 122/2026 modifica el régimen establecido originalmente por el Decreto 560/2019, ampliando de forma significativa el espectro de sustancias bajo control estatal. Antes de esta actualización, el listado ya había crecido con otras medidas emitidas en 2024, y ahora alcanza casi 900 compuestos regulados.
Desde el Gobierno se resaltó que esta ampliación representa la mayor actualización desde la entrada en vigencia de la normativa de estupefacientes en 2019 y responde tanto a la necesidad de alinearse con recomendaciones de organismos internacionales como a la evidencia aportada por sistemas de alerta sobre nuevas sustancias psicoactivas.
La inclusión de estos compuestos en el régimen de control implica que su producción, comercialización, tenencia y distribución quedan sujetos a las restricciones previstas por la Ley de Estupefacientes (Ley 23.737) y su regulación, lo que refuerza las facultades de investigación y persecución penal de delitos vinculados con el tráfico ilícito de drogas.
Especialistas señalan que, más allá del aspecto legal, la medida busca responder a un fenómeno global: el aumento del desarrollo de sustancias sintéticas que suelen circular rápidamente, con efectos impredecibles en la salud y con falsas percepciones de seguridad entre consumidores experimentales o recreativos.
Para organizaciones de salud pública, abordar esta realidad requiere también estrategias integrales de prevención, tratamiento y reducción de daños, dado que la simple inclusión de sustancias en listados de control no suple otras necesidades sociales y sanitarias vinculadas al consumo problemático.
Queda por verse cómo se implementará en distintos puntos del país esta actualización y qué impacto tendrá en las políticas locales de seguridad y salud, tanto en términos de acción policial como de asistencia a personas afectadas por consumos problemáticos.