
La CGT volvió a posicionarse en el centro del debate nacional tras la aprobación de la reforma laboral, que se convirtió en ley el pasado viernes en el Senado de la Nación con 42 votos a favor y 28 en contra, luego de un tratamiento parlamentario con fuertes tensiones y protestas de sindicatos y movimientos sociales.
Este lunes, dirigentes sindicales, delegados y abogados de la central obrera se movilizaron desde primera hora hacia la Plaza Lavalle y el Palacio de Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires, para acompañar formalmente la presentación de recursos judiciales contra la reforma y reclamar que la Justicia declare su inconstitucionalidad.

Alberto García Lema, uno de los expertos en Derecho Constitucional que asesora a la CGT (Foto: Santiago Saferstein)
La estrategia de la CGT incluye una doble vía de impugnación: por un lado, un planteo ante el fuero Laboral, y por el otro ante el fuero Contencioso Administrativo Federal. Esta decisión fue tomada durante el fin de semana por el equipo legal de la central obrera, que busca aumentar las posibilidades de que algún tribunal detenga o frene los efectos de la nueva ley.
Según los dirigentes sindicales, la reforma laboral afecta derechos consagrados en la Constitución Nacional y en normas internacionales, entre ellos la protección contra el despido arbitrario, la libertad sindical, el derecho a huelga, la negociación colectiva y la seguridad social. Estas quejas se enmarcan en una crítica profunda a varios artículos de la ley que consideran regresivos para los trabajadores.
El propio Jorge Sola, uno de los cosecretarios generales de la CGT, destacó durante la presentación judicial que la central confía en que la Justicia respetará la Carta Magna y evaluará si la nueva normativa vulnera garantías constitucionales.
La movilización de hoy tiene un carácter “testimonial” y simbólico, pero está acompañada de un fuerte respaldo jurídico. Los recursos presentados buscan demostrar ante los tribunales que la ley aprobada por el Congreso contraviene principios básicos del derecho laboral argentino y no cumple con la progresividad de derechos establecida constitucionalmente.
La reforma laboral, promovida por el gobierno nacional, introdujo modificaciones en diversos aspectos del sistema de relaciones laborales, incluyendo formas de negociación colectiva, cálculo de indemnizaciones, flexibilización en la organización de la jornada y cambios en la registración del trabajo. Desde el Ejecutivo sostienen que estas modificaciones generarán más inversión, empleo formal y dinamismo económico, mientras que los sindicatos advierten que suponen una reducción de protección para los trabajadores.