La declaración indagatoria de Claudio “Chiqui” Tapia —titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)— en la investigación por la presunta apropiación indebida de aportes y retenciones fue reprogramada para el 12 de marzo de 2026, después de que el dirigente decidiera cambiar a su equipo de abogados. La audiencia, que estaba prevista para este jueves 5 de marzo, fue postergada ante la necesidad de que su nueva defensa tome vista del expediente y prepare el descargo correspondiente.
La causa judicial se inició tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que actúa como querellante, por presuntas irregularidades en el manejo de aportes a la seguridad social y tributos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Ganancias. Según la acusación, la AFA habría retenido esos fondos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, sin depositarlos dentro del plazo legal establecido, generando un perjuicio al fisco por más de 19.000 millones de pesos.
El expediente que tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico a cargo del juez Diego Amarante incluye la investigación de varios integrantes de la conducción de la AFA. Además de Tapia, fueron citados a indagatoria:
- Gustavo Lorenzo, director general de la entidad, con audiencia prevista para el 6 de marzo;
- Cristian Malaspina, secretario general, y Víctor Blanco, ex titular de Racing Club y también ex funcionario de la AFA, programados para el 9 de marzo;
- Pablo Toviggino, tesorero de la institución, cuya declaración quedó fijada para el 11 de marzo.
El juez Diego Amarante, a cargo de la causa por presunta apropiación indebida de aportes.
La postergación de la audiencia de Tapia se dio apenas un día después de que el juez Amarante rechazara el intento inicial de la defensa anterior de suspender todas las indagatorias en tanto la Cámara Nacional en lo Penal Económico no resolviera una apelación interpuesta en la causa. La defensa sostenía que no había delito, que la deuda reclamada habría sido regularizada y que el proceso penal no debía avanzar hasta que el tribunal superior se expidiera sobre esos planteos. Sin embargo, ese pedido fue declarado “improcedente” y las citaciones se mantenían firmes.
El conflicto judicial no se limitó al estricto ámbito penal. La situación generó una fuerte tensión dentro del fútbol argentino: el Comité Ejecutivo de la AFA decidió paralizar todas las actividades de las distintas categorías del fútbol nacional entre el 5 y el 8 de marzo, lo que implicó la suspensión de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. La medida fue presentada por dirigentes como un gesto de respaldo institucional a Tapia y en rechazo a lo que califican como “una persecución judicial y política”.
La causa, además, incluye otras medidas de control y restricciones para los imputados, como la prohibición de salir del país, aunque en el caso de Tapia ya se le permitió viajar temporalmente al exterior bajo caución económica para asistir a un evento futbolístico internacional.
En el marco de esta investigación, la AFA rechazó con firmeza diversas acciones administrativas vinculadas a supervisiones de organismos de control, y sus dirigentes sostienen que se trata de decisiones con motivaciones políticas que exceden el ámbito estrictamente judicial.