El tratamiento del proyecto que modifica la Ley de Glaciares (Ley 26.639), impulsado por el Poder Ejecutivo y con media sanción del Senado, sufrió un giro este miércoles en la Cámara de Diputados. En una reunión plenaria de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, los bloques opositores consiguieron que la discusión no avance rápidamente hacia una firma de dictámenes y posterior debate en el recinto, sino que se realicen dos audiencias públicas, previstas para los días 25 y 26 de marzo, antes de cualquier paso legislativo más avanzado.
El acuerdo para convocar estas jornadas fue el resultado de negociaciones entre las distintas fuerzas políticas. El oficialismo, representado principalmente por los diputados libertarios que presiden las comisiones, había propuesto inicialmente un único encuentro con modalidad híbrida (presencial y virtual) para el 25 de marzo. Sin embargo, la oposición reclamó espacio adicional para que distintos sectores, provincias y organizaciones puedan participar con mayor amplitud, lo que terminó en la sumatoria de una segunda audiencia al día siguiente.
La estrategia de los legisladores que se opusieron a un tratamiento exprés de la ley obedeció a la necesidad de garantizar un debate más amplio, transparente y federal, considerando que la reforma impacta en cuencas hídricas de varias jurisdicciones del país. Algunos representantes opositores, como el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, enfatizaron que el tema no solo concierne a la minería, sino a derechos constitucionales relacionados con el ambiente y la participación ciudadana, invocando artículos de la Constitución Nacional y tratados como el Acuerdo de Escazú.
Con la decisión de postergar el tratamiento, el cronograma legislativo se reconfigura: después de las audiencias, el cuerpo podría dictaminar el proyecto recién en la primera semana de abril, luego de la Semana Santa, con la expectativa de que la Cámara de Diputados lo vote más adelante ese mismo mes.
La iniciativa en cuestión busca modificar la norma actual que protege glaciares y ambientes periglaciales para permitir, bajo nuevos criterios, actividades productivas como la minería y la explotación hidrocarburífera en zonas que hoy están restringidas. Esta propuesta fue aprobada en el Senado a fines de febrero con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, y ahora pasa a una etapa de debate más compleja en Diputados.
La reforma ha generado además preocupación internacional. Relatores de Naciones Unidas emitieron una carta al Gobierno argentino expresando inquietudes por los efectos ambientales y el impacto en el acceso al agua potable de millones de personas si la ley se modifica sin las garantías adecuadas. Señalaron que los cambios podrían poner en riesgo ecosistemas y la calidad del agua en glaciares y zonas periglaciales, afectando un derecho humano reconocido internacionalmente.
La oposición celebró la decisión de convocar a audiencias públicas como un paso hacia un debate más plural y exigió que en esos encuentros puedan participar no solo sectores ambientalistas sino también autoridades provinciales, comunidades afectadas, expertos técnicos y representantes de empresas, con el objetivo de adoptar una perspectiva integral sobre los impactos sociales, ambientales y productivos de la ley.