El fondo litigante avanzará esta semana ante la jueza Loretta Preska, al considerar que el estado argentino no cumplió totalmente con una orden judicial vinculada a la entrega de comunicaciones de funcionarios. El pedido se da en medio de la apelación por la condena millonaria por la expropiación de YPF.
El fondo de inversión Burford Capital y otros beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF solicitarán esta semana que la Argentina sea declarada en desacato por la Justicia de Estados Unidos. El planteo será presentado ante la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en el marco del extenso litigio iniciado tras la estatización de la petrolera en 2012.
La medida se suma a una causa ya sensible para el país, que en 2023 derivó en una condena en primera instancia por alrededor de 16.100 millones de dólares, actualmente apelada por el Estado argentino.
El motivo del pedido de desacato
Según los demandantes, la Argentina no habría cumplido en su totalidad con una orden judicial que obliga a entregar mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones electrónicas de funcionarios y exfuncionarios vinculados al proceso de expropiación.
El reclamo se enmarca en la etapa de discovery del juicio, destinada a la producción e intercambio de pruebas. Si bien desde el entorno de la causa se reconoce que la mayoría de los funcionarios requeridos ya presentó la información, aún quedarían al menos seis personas que no habrían cumplido con lo solicitado hasta el momento.
Burford sostiene que esta situación justifica la aplicación de sanciones y busca que el tribunal declare formalmente al país en desacato.
Qué implica ser declarado en desacato
Una eventual declaración de desacato (contempt of court) no modifica de manera directa el fallo de fondo, pero sí puede derivar en multas económicas, sanciones coercitivas o medidas adicionales hasta que se cumpla con lo ordenado por la Justicia estadounidense.
En los hechos, el pedido apunta a incrementar la presión legal y financiera sobre el Estado argentino, en un contexto ya complejo por la magnitud de la condena y las negociaciones en curso.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación, el Gobierno sostiene que la Argentina está cumpliendo con las órdenes judiciales vigentes, y que la entrega de información se realiza de forma escalonada, coordinada y dentro de los plazos razonables.
Además, remarcan que muchos de los funcionarios involucrados ya colaboraron voluntariamente y que el país prepara un escrito de defensa para responder formalmente al pedido de desacato, cuya presentación está prevista para febrero.
El trasfondo del litigio con Burford
Burford Capital adquirió los derechos para litigar de accionistas minoritarios que denunciaron que la expropiación de YPF se realizó sin cumplir con el estatuto de la empresa, que exigía una oferta pública de acciones.
En 2023, la jueza Preska falló a favor de los demandantes y condenó a la Argentina a pagar una indemnización millonaria. Posteriormente, el tribunal ordenó también la entrega del 51 % de las acciones de YPF en manos del Estado como parte de pago, una medida que fue apelada y actualmente se encuentra suspendida mientras interviene la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU.
Harán la presentación el jueves ante la jueza Preska
Mientras avanza el pedido de desacato, el eje central del conflicto continúa en la instancia de apelación, donde la Argentina busca revertir o reducir el impacto del fallo original.
El desenlace del planteo de Burford y la respuesta del Estado argentino serán claves para definir el nivel de presión judicial que enfrentará el país en los próximos meses en una de las causas más costosas de su historia reciente.