El Banco Central indicó que, para alcanzar el superávit previsto, se deberán reducir partidas no automáticas como salarios, subsidios y planes sociales.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que el Gobierno avanza con nuevas medidas de ajuste que impactarán en partidas clave del gasto público, como los salarios del sector público, los subsidios estatales y los programas sociales, entre otros rubros sensibles. Esta proyección se desprende del Informe de Política Monetaria difundido recientemente por la entidad que dirige Santiago Bausili.
Según el documento oficial, el Gobierno busca consolidar el superávit fiscal previsto en el Presupuesto 2026, que fue aprobado por el Congreso con una meta de superávit primario equivalente al 1,5% del producto interno bruto (PIB). Para cumplir ese objetivo, el Tesoro Nacional deberá continuar con el proceso de contención del gasto, profundizando recortes en partidas que no se ajustan de forma automática y que tienen impacto directo en los ingresos y el consumo de amplios sectores de la población.
Entre los rubros señalados para posibles reducciones están los salarios del sector público, los subsidios económicos a servicios y transporte, los planes sociales y las erogaciones en bienes y servicios. El informe también destaca que, de no derogarse ciertas leyes como la de financiamiento educativo universitario o la de emergencia en discapacidad, será necesario ajustar otras partidas por un monto cercano al 0,5% del PIB para equilibrar las cuentas públicas.
Además, el Banco Central advirtió que si se avanzara en una reforma laboral, los recursos destinados al financiamiento de la seguridad social podrían reducirse, lo que abriría otro frente de ajuste. Desde la entidad señalaron que, pese a estos desafíos, existe un escenario financiero algo más favorable, con expectativas de reducción de la prima de riesgo y mejores opciones de financiamiento para el Estado.
Los recortes proyectados se enmarcan en un contexto de ajuste que ya se ha venido dando en los últimos dos años. La contracción del gasto real se tradujo en disminuciones significativas de subsidios económicos y al transporte, caída en transferencias a provincias y un deterioro del poder adquisitivo de los salarios públicos frente a la inflación. Asimismo, la inversión pública se ha visto afectada, con varios proyectos de infraestructura ralentizados o paralizados.
El anuncio del Banco Central reactiva el debate sobre las consecuencias sociales y económicas de las políticas de ajuste. Analistas consultados por diversos medios coinciden en que si bien la contención del gasto es clave para alcanzar las metas fiscales, recortes prolongados en salarios, subsidios y programas sociales pueden profundizar desequilibrios en aspectos como el consumo, el empleo y la actividad económica general.