El Poder Ejecutivo publicó un decreto que actualiza los tributos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, lo que se reflejará en un aumento del precio de la nafta y el gasoil desde el próximo mes. La medida busca dosificar el impacto en la economía, aunque vuelve a presionar sobre el bolsillo de los conductores
El Gobierno nacional oficializó un nuevo ajuste en los impuestos que gravan los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, un componente que se traslada directamente al precio de la nafta y el gasoil que pagan los conductores en las estaciones de servicio. La actualización fue publicada en el Boletín Oficial a través del decreto 74/2026 y regirá desde el 1° de febrero, generando un incremento en los tributos que, en la práctica, se verá reflejado en precios más altos en los surtidores a lo largo del mes.
Según el texto oficial, los montos que componen el impuesto sobre los combustibles líquidos y el gravamen ambiental subirán respecto de los valores previos. En el caso de las naftas, el impuesto se incrementará y se sumará también la suba del tributo al dióxido de carbono por litro. Para el gasoil, la actualización incluye un aumento tanto del impuesto general como de un componente diferencial que se aplica en regiones como la Patagonia y otras zonas específicas del interior del país, además del incremento del impuesto ambiental.
La normativa establece que se trata de un incremento parcial de los impuestos acumulados, ya que el Gobierno había postergado anteriormente la aplicación total de los aumentos previstos por la ley. Esta política de diferir parte de los ajustes busca mitigar el impacto directo en los precios finales, aunque no impide que terminen trasladándose gradualmente a las naftas y el gasoil.
Se trata de un incremento parcial que el gobierno viene implementando (Maximiliano Luna)
La actualización de estos gravámenes se realiza en el marco de la Ley 23.966, que prevé la actualización trimestral de los impuestos sobre combustibles líquidos y al dióxido de carbono en función de la inflación. Sin embargo, en varias oportunidades durante 2024 y 2025 el Ejecutivo decidió aplicar solo una parte de esa actualización para intentar evitar un salto brusco en los precios al consumidor.
Especialistas y analistas del sector económico señalan que este tipo de actualizaciones impositivas suele trasladarse al precio final en los surtidores, ya que constituye un componente importante en la estructura de costos de los combustibles. Si bien la medida no fija precios de venta ni obliga directamente a las petroleras a subir tarifas, la tendencia del mercado es que los aumentos impositivos terminen repercutiendo en el costo que afrontan los usuarios al cargar nafta o gasoil.
El Gobierno justificó la medida argumentando que la actualización progresiva y parcial de los impuestos permite “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, un planteo que busca equilibrar la necesidad de ajustar las cuentas públicas con la preocupación por el efecto sobre la inflación y el poder adquisitivo de las familias.
En concreto, la medida implica una presión adicional sobre un sector clave de la economía, ya que los combustibles tienen un impacto directo no solo en el costo de trasladarse en auto, moto o transporte, sino también en los precios de bienes y servicios debido a su influencia en la logística y el transporte de mercancías.