La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca liberar a cientos de detenidos por motivos políticos, extender la medida a casos desde 1999 y transformar el simbólico centro de detención El Helicoide en un espacio social, en medio de presiones internacionales y críticas por la falta de claridad en su aplicación.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes 30 de enero la presentación de un proyecto de ley de amnistía general para presos políticos, una medida que podría liberar a cientos de personas detenidas por motivos políticos en el país caribeño. Rodríguez expuso esta iniciativa durante un acto del inicio del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde pidió además que la norma sea analizada con urgencia por la Asamblea Nacional, de mayoría chavista.
En su discurso, Rodríguez explicó que la ley cubriría todo el periodo de “violencia política” desde 1999 hasta el presente, lo que implicaría la posible anulación de causas judiciales y la liberación de personas que llevan años bajo prisión o medidas cautelares por su activismo político, participación en protestas o expresiones contrarias al gobierno. Sin embargo, aclaró que la amnistía no aplicará a personas procesadas o condenadas por homicidio, narcotráfico, corrupción o violaciones graves de derechos humanos.
El anuncio también incluyó el compromiso de cerrar “El Helicoide”, uno de los centros de detención más conocidos por denuncias de torturas y violaciones de derechos humanos, y transformarlo en un espacio de servicios sociales y deportivos para la comunidad.
El Helicoide, sede del servicio de inteligencia y centro de detención de Venezuela, se encuentra en Caracas. (Foto AP/Matías Delacroix)
La propuesta se produce en un contexto de cambios profundos en Venezuela tras la captura del expresidente Nicolás Maduro a principios de enero, un hecho que aceleró procesos de transición política y presiones internacionales, particularmente de Estados Unidos, para que se avance en la liberación de personas detenidas por razones políticas.
Organizaciones defensoras de derechos humanos habían planteado desde hace años la necesidad de una amnistía amplia y sin exclusiones, vinculándola a la liberación de activistas, periodistas, miembros de movimientos sociales y exiliados políticos. Datos de ONG especializadas estiman que aún hay varias centenas de presos políticos en Venezuela, aunque las cifras oficiales y las independientes divergen.
Pese al anuncio, existen dudas sobre cómo se implementará la medida, quiénes podrán beneficiarse en la práctica y si las liberaciones serán plenas o con restricciones. También persisten cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y si este paso será acompañado por reformas más profundas en el sistema judicial y de justicia.
Con esta iniciativa, el gobierno de Rodríguez busca dar señales de reconciliación y convivencia nacional, aunque el futuro de la ley dependerá de la aprobación legislativa y de cómo se traduzca en la vida de las personas que permanecen privadas de su libertad por razones políticas.