Tras la firma en Washington, la Casa Rosada apuesta a que la Cámara lo trate en marzo para abrir mercados y atraer inversiones, aunque el texto genera resistencias internas por sus exigencias.
El Gobierno de Javier Milei anunció que ha enviado al Congreso nacional el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíproco firmado con Estados Unidos, con el objetivo de que sea debatido durante el período de sesiones ordinarias próximo, es decir en marzo. La decisión fue confirmada luego de la firma del tratado en Washington por parte del canciller argentino Pablo Quirno, en el marco de una estrategia de mayor alineamiento político y económico con la administración estadounidense.
Se trata de un entendimiento que ambos países cerraron tras meses de negociaciones técnicas entre funcionarios de Argentina y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), y que se presenta como una de las iniciativas más ambiciosas en materia de relaciones comerciales con el país norteamericano en décadas.
El Gobierno sostiene que el tratado abre oportunidades para exportadores argentinos y consolida un “compromiso de integración económica global”. En ese sentido, el pacto contempla la eliminación recíproca de barreras arancelarias y no arancelarias, facilitación de comercio de bienes y servicios y, según la propia Cancillería, podría traducirse en un incremento de exportaciones cercanas a los US$1.000 millones anuales gracias a un acceso preferencial a mercados clave, incluyendo el agrícola.
Uno de los puntos más destacados es la ampliación de cupos para carne bovina argentina al mercado estadounidense, que pasaría a 100.000 toneladas anuales, lo que representaría un incremento de ventas por unos US$800 millones según estimaciones oficiales. Además, sectores industriales como el automotriz o alimentario podrían ver reducido o eliminado aranceles para sus productos, con el consiguiente impacto en sus cadenas productivas.
Sin embargo, en el propio Ejecutivo reconocen que no todos los compromisos son sencillos de aplicar y que algunos requieren la adaptación de normas internas y coordinación entre diferentes organismos estatales. Entre estas cuestiones están, por ejemplo, la prohibición de importaciones producidas con trabajo forzoso, cuyos estándares de control aún están en evaluación, y posibles cambios en legislación sobre propiedad intelectual, donde el Gobierno ya advirtió que no hay definiciones sobre modificaciones inmediatas.
El envío al Congreso se da en un contexto de intensa agenda legislativa en Balcarce 50, donde también se discuten otros temas como reformas laborales, la bajada de la edad de imputabilidad y acuerdos comerciales con la Unión Europea. Desde el oficialismo aseguran tener los votos necesarios para su tratamiento en ambas cámaras, aunque el debate será clave para determinar si este paso se convierte en una realidad legislativa antes de su implementación.
En Casa Rosada confían en que el Parlamento entenderá “la responsabilidad histórica” de aprobar un pacto que, según el Gobierno, posiciona a Argentina como un socio confiable en el comercio global tras años de relativa aislación económica.