La discusión sobre los puntos más polémicos del proyecto quedó opacada por la pulseada fiscal y la necesidad urgente de asegurar votos en el Senado.
El debate por la reforma laboral en Argentina entró esta semana en una etapa crítica y caótica. Lo que se suponía que sería una discusión sobre cambios al mercado de trabajo terminó convertido en una pulseada fiscal que dejó de lado casi por completo los aspectos sustantivos del proyecto. La caída sostenida de la recaudación de impuestos —que lleva más de seis meses— y el impacto que tendría el capítulo tributario incluido en la reforma borraron el debate de fondo en la agenda política nacional.
El punto más caliente es el artículo que baja las alícuotas del impuesto a las ganancias para las empresas. Oficialistas, aliados y sectores dialoguistas aceptan que buena parte del texto está acordada, con algunos cambios menores, y que la sesión en el Senado se concentra en asegurar la aprobación antes del 1 de marzo. Pero las tensiones con los gobernadores provinciales por la pérdida de fondos —que afectaría la coparticipación y las cuentas locales— pusieron el centro de la escena en los números fiscales. En lugar de discutir los detalles de los derechos laborales o las garantías para trabajadores y empleadores, todos discuten cómo recomponer ingresos y compensar a las provincias.
Desde el oficialismo argumentan que la reforma es clave para “modernizar” el mercado laboral y dinamizar la economía, aunque pocos detalles de fondo se debaten públicamente. En negociaciones internas se barajan alternativas como postergar la aplicación de la baja en Ganancias, escalonarla o incluso eliminarla del proyecto para proteger las arcas provinciales. Sin embargo, también se observa resistencia dentro del Gobierno a ceder completamente en este punto, porque perder ese capítulo sería interpretado como una derrota política más que un ajuste técnico.
La mala racha de recaudación tributaria, según analistas y fuentes oficiales, no es solo un dato contable: impacta directamente en la relación entre el Gobierno central y las jurisdicciones provinciales. Las transferencias de fondos disminuyeron de forma sensible en los últimos meses, y algunos mandatarios advirtieron que la reducción adicional de impuestos profundizaría las dificultades financieras que ya enfrentan. Esto empujó la discusión lejos de los artículos más cuestionados de la reforma laboral y hacia un terreno donde se cruzan política, economía y cálculo electoral.
Diego Santilli, con gobernadores peronistas que juegan como aliados
Frente a la presión, la agenda del Senado se ajusta día a día. El oficialismo incluso evalúa extender las sesiones extraordinarias para asegurarse de tener tiempo suficiente para aprobar la reforma antes de que termine febrero, aunque todavía faltan números concretos para garantizar la mayoría necesaria. La CGT y otros sectores sindicales siguen movilizándose y observan el desarrollo con preocupación, mientras la discusión pública real por las transformaciones en el mercado de trabajo queda en un segundo plano frente a la contabilidad fiscal.
En resumen, en este arrancar de 2026 la reforma laboral se debate más por los efectos en las arcas fiscales que por sus contenidos laborales. El tensado tablero político que combina gobiernos provinciales, aliados parlamentarios y un oficialismo que busca mostrar fuerza en el Congreso ha transformado lo que debía ser un debate profundo en una negociación pragmática por dinero y votos.