Tras una investigación que se inició con la filtración de audios comprometedores, la Justicia federal procesó a Diego Spagnuolo y a 18 personas más por presunta asociación ilícita, coimas y fraude al Estado en las compras de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad.
El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento contra Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y otras 18 personas, por su presunta participación en una asociación ilícita destinada a direccionar contratos públicos, cobrar coimas y defraudar al Estado. La medida se tomó en el marco de una causa que empezó a tomar fuerza tras la filtración de audios que expusieron supuestas prácticas de corrupción dentro del organismo encargado de políticas para personas con discapacidad.
Según la resolución judicial, a Spagnuolo se lo acusa, entre otros delitos, de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada en perjuicio de la administración pública nacional y cohecho pasivo. El procesamiento alcanza también a exfuncionarios, empleados y empresarios vinculados al manejo de compras públicas.
La investigación reconstruyó lo que el juez describió como un “entramado de corrupción institucional” en la ANDIS, donde se habría montado un sistema de retornos con droguerías proveedoras de medicamentos e insumos, adjudicando contratos con sobreprecios y favoreciendo a determinadas empresas a cambio de beneficios económicos.
Entre los cargos que pesan sobre los procesados están también fraude al Estado y cohecho activo, lo que implica que la Justicia entiende que existió un esquema organizado para obtener ganancias ilegales aprovechando la estructura del organismo público. En algunos informes fiscales preliminares se menciona que el monto de sobreprecios detectado en una muestra de compras supera, como mínimo, 6.000 millones de pesos, aunque se sospecha que la cifra total podría ser mayor.
Diego Spagnuolo fue detectado ingresando a la casa de Miguel Ángel Calvete con una mochila. Se sospecha que fue a recibir 5 millones de pesos
El fallo no dispuso prisión preventiva para los imputados, pero sí embargos millonarios sobre los bienes de algunos de ellos, como medida cautelar mientras avanza el proceso.
Además de ordenar el procesamiento, el juez Casanello también requirió nuevas declaraciones indagatorias a otros involucrados y puso bajo la lupa a varias empresas proveedoras implicadas en el caso.
La causa se suma a un escenario de fuerte escrutinio público y político, dado el perfil de Spagnuolo, quien fue una figura destacada en la gestión del organismo hasta su salida y que llegó a estar vinculado al círculo político del gobierno actual. El caso, que abrió una profunda discusión sobre el uso de fondos públicos destinados a personas con discapacidad, sigue su curso con nuevas etapas de investigación y potenciales ampliaciones de acusaciones en los próximos meses.