Según el Foro Penal, decenas de detenidos por razones políticas recobraron la libertad en medio de un proceso de excarcelaciones que continúa y genera reclamos de mayor transparencia.
El domingo Venezuela vivió otra jornada marcada por la liberación de presos políticos, en lo que el gobierno presentó como una continuación de un proceso de apertura política que se inició a comienzos de 2026. Organizaciones de derechos humanos confirmaron que al menos 30 personas detenidas por motivos políticos recuperaron la libertad este día tras meses o años encarceladas bajo causas que, según la oposición y agrupaciones civiles, eran arbitrarias.
Dentro de los liberados figuran dirigentes opositores de peso, como Juan Pablo Guanipa y el abogado Perkins Rocha, ambos cercanos a la líder María Corina Machado. Sus familiares y aliados celebraron las excarcelaciones como un alivio luego de periodos prolongados de reclusión que, para muchos, simbolizaban la represión política en Venezuela.
Este grupo de liberaciones se inserta en un contexto de incremento de presión internacional y promesas de reformas. Las autoridades venezolanas, bajo el liderazgo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y con el impulso de una posible ley de amnistía en el Parlamento, sostienen que las excarcelaciones buscan disminuir la tensión política interna y avanzar hacia cierta normalización.
Sin embargo, la narrativa oficial se enfrenta a escepticismo y críticas. Organizaciones como Foro Penal, que monitorean de cerca la situación de los presos políticos, han celebrado cada liberación pero insisten en que aún quedan cientos de personas tras las rejas por motivos políticos y exigen mayor transparencia y rapidez en el proceso. La ONG confirmó que, además de las 30 excarcelaciones del domingo, el total verificado desde comienzos de enero supera las 300, pero aún hay una brecha considerable con las cifras oficiales que hablan de cifras más amplias.
La jornada no estuvo exenta de controversia. Horas después de ser liberado, Juan Pablo Guanipa fue detenido nuevamente por hombres armados, según denunciaron su familia y la oposición, que consideraron el episodio un “secuestro”. Las autoridades públicas alegaron que Guanipa violó las condiciones de su excarcelación y por eso ordenaron una nueva detención, aunque no se mostraron pruebas claras. Este incidente reavivó dudas sobre los compromisos reales del gobierno con la libertad de expresión y la disminución de la represión política.
El retroceso de este caso puntual pone de manifiesto la complejidad de la situación en Venezuela: pese a anuncios de apertura, la incertidumbre, las detenciones arbitrarias y las tensiones entre distintas facciones del poder siguen marcando el día a día en el país. Sectores opositores y defensores de derechos humanos advierten que la liberación de presos debe ir acompañada de garantías jurídicas, respeto pleno a las libertades civiles y un proceso claro que no deje margen para interpretaciones autoritarias.
Mientras tanto, familias y organizaciones civiles continúan reclamando la libertad de todos los detenidos por causas políticas, recordando que aún quedan cientos de personas privadas de libertad bajo circunstancias que, según ellos, carecen de justificación legal. La escena política venezolana se mantiene en un punto delicado, con avances parciales pero también con retrocesos que generan desconfianza y una vigilancia constante sobre cada nuevo movimiento del gobierno.