Con un decreto publicado en el Boletín Oficial el Ejecutivo reglamentó una norma que busca que quienes tienen ahorros no declarados puedan incorporarlos al sistema formal sin afrontar controles patrimoniales ni sanciones penales.
El Gobierno nacional oficializó este lunes la reglamentación de la llamada Ley de Inocencia Fiscal, una medida que introduce un cambio profundo en la forma en que el Estado controla a los contribuyentes y que busca incentivar que quienes tienen ahorros no declarados –incluidos los famosos “dólares del colchón”– los incorporen al circuito formal. La norma fue publicada en el Boletín Oficial tras la firma del Decreto 93/2026, y rige desde su entrada en vigencia, según informaron fuentes oficiales.
La iniciativa, aprobada en diciembre pasado por el Congreso y reglamentada ahora por el Poder Ejecutivo, pone el foco en modificar el Régimen Penal Tributario y el Procedimiento Tributario para reducir la carga de controles y sanciones que enfrentan los contribuyentes. En palabras de representantes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la norma “viene a poner las cosas en su lugar” y pretende devolver a los ciudadanos la libertad de usar su dinero sin la presión de una supervisión fiscal intensa.
Una de las claves de esta reforma es la elevación de los umbrales a partir de los cuales una evasión fiscal puede convertirse en delito penal. Antes los montos eran muy bajos y podían activar investigaciones rápidamente; ahora, para que una evasión simple se considere punible, deberá superar los 100 millones de pesos y en casos agravados los 1.000 millones, cifras muy por encima de los parámetros anteriores.
Además, se modificó el plazo de prescripción de las obligaciones fiscales: en lugar de cinco años, ahora muchos casos prescriben en tres. Esto significa que quienes se adhieran al nuevo régimen y cumplan con sus obligaciones hacia adelante tendrán “efecto liberatorio” frente a investigaciones sobre períodos fiscales anteriores, siempre dentro de los términos establecidos.
Con la reglamentación también llega un nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, que apunta a personas con ingresos de hasta 1.000 millones de pesos y patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos que no sean considerados grandes contribuyentes. ARCA ofrecerá declaraciones juradas simplificadas precargadas que los contribuyentes podrán revisar y aceptar, y la presentación en tiempo y forma dará esa protección frente a investigaciones retrospectivas.
Otro cambio relevante está en la manera en que ARCA podrá fiscalizar: se limitarán los controles sobre variaciones patrimoniales históricas y se centrarán en los ingresos y deducciones declarados. También se introducen beneficios como la reducción de multas si los contribuyentes regularizan errores voluntariamente antes de que comience un control.
Desde el Ejecutivo sostienen que estas modificaciones no solo facilitarán que se incorporen ahorros informales al sistema financiero y productivo, sino que también darán mayor previsibilidad a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias y reducen los litigios fiscales que suelen prolongarse por años. Sin embargo, la medida ha generado cuestionamientos por parte de sectores técnicos y opositores, que advierten sobre posibles lagunas en la detección de fraudes más sofisticados y sobre una relajación excesiva de los controles del fisco.
La puesta en marcha de la Ley de Inocencia Fiscal marca un antes y un después en la política tributaria del país, con un fuerte enfoque en promover la formalización de capitales informales mientras redefine la relación entre contribuyentes y el Estado.