El Senado argentino debate actualmente la controvertida reforma laboral 2026, impulsada por el gobierno de Javier Milei, con el objetivo de modernizar normas de trabajo que datan de varias décadas. El proyecto ha sufrido modificaciones de último momento para lograr apoyos políticos, y cada cambio tiene consecuencias concretas para trabajadores y empleadores.
Uno de los puntos más polémicos es la reducción de licencias por enfermedad. Según el nuevo texto, si la enfermedad no está relacionada con el trabajo, el salario durante la licencia se paga solo en un 50 %; si no deriva de riesgos voluntarios y el trabajador tiene familiares a cargo, el porcentaje sube al 75 %. Antes, en muchos casos, los empleados cobraban el 100 % de su salario desde el primer día. Esto significa que los trabajadores podrían enfrentar una pérdida significativa de ingresos durante enfermedades prolongadas, mientras que los empleadores reducirían sus costos directos por licencias, aunque aumentan los riesgos de descontento laboral y desmotivación.
La reforma también introduce cambios en los aportes patronales, con la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Las grandes empresas deberán aportar un 1 % y las pymes un 2,5 %, mientras que otros pagos obligatorios a sindicatos o entidades patronales se limitan. Para los empleados, esto no afecta directamente el salario, pero el fondo podría utilizarse para subsidios o indemnizaciones. Para los empleadores, representa un nuevo costo administrativo, especialmente para las pymes.
En materia fiscal, se descartó la rebaja del Impuesto a las Ganancias para empresas, medida que había sido contemplada para conseguir apoyos políticos. Esto implica una mayor carga fiscal para las compañías, que podrían ajustar gastos, lo que indirectamente podría afectar la inversión y los salarios de los trabajadores.
Otro cambio central tiene que ver con la flexibilización de convenios colectivos. La reforma permite negociar condiciones de manera más directa con el empleador, limitando algunas obligaciones sindicales. Para los trabajadores, esto puede significar una reducción de beneficios previamente automáticos, mientras que los empleadores ganan más libertad para organizar turnos, salarios y condiciones, aunque corren el riesgo de conflictos laborales.
En cuanto a indemnizaciones y despidos, el proyecto busca acotar los montos y hacerlos más predecibles según la antigüedad y el salario. Esto reduce la compensación para los empleados que sean despedidos, pero otorga a los empleadores mayor certeza financiera y menor exposición a demandas, siempre que cumplan estrictamente la legislación.
Un apartado especial incluye a las fuerzas de seguridad, obligándolas a mantener el 100 % de su servicio incluso ante acuartelamientos o conflictos internos. Esto limita los derechos laborales de estos trabajadores, asegurando al Estado la continuidad del servicio, aunque podría generar tensiones y conflictos judiciales.
Finalmente, la reforma ha generado un clima de alta conflictividad social, con movilizaciones y paros organizados por sindicatos como la CGT, que advierten sobre la pérdida de derechos históricos y la precarización laboral. Los trabajadores podrían ver afectadas sus jornadas y sus ingresos, mientras que los empleadores enfrentan riesgos de interrupciones en la producción y mayores tensiones laborales.
En resumen, la reforma laboral 2026 busca otorgar mayor flexibilidad a las empresas y al Estado, pero a costa de reducir beneficios y derechos para los trabajadores. La medida aún genera amplio debate, y su aprobación podría marcar un cambio profundo en la relación laboral en Argentina, redefiniendo quién gana y quién pierde en el ámbito del trabajo.