El Ministerio de Relaciones Exteriores destinó más de $114 millones a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, cuyo directorio está encabezado por la esposa del ministro Federico Sturzenegger. La contratación activó controles de transparencia, pero genera críticas por el vínculo familiar y la falta de otras ofertas.
Federico Sturzenegger Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adjudicó un contrato por $114.044.133 (IVA incluido) a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), una organización privada encargada de brindar cursos de idioma inglés. El objetivo oficial es capacitar al personal del propio ministerio, pero lo que más llamó la atención fue que la directora ejecutiva de esa entidad es María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Según los documentos oficiales, la contratación se hizo bajo la figura de “Adjudicación Simple por Especialidad”, una modalidad que se utiliza cuando se considera que solo un proveedor puede ofrecer el servicio requerido. En este caso, la AACI fue presentada como la única organización capaz de dar continuidad a programas previos de capacitación en inglés dentro del ministerio.
El expediente activó controles previstos por el Decreto 202/2017, lo que implicó la intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Para dar luz verde a la operación, ambas partes firmaron un Pacto de Integridad, que supuestamente busca reforzar los mecanismos de transparencia y evitar conflictos de interés por el vínculo familiar entre la beneficiaria y un funcionario público.
El contrato firmado abarca la capacitación de 132 agentes del ministerio a lo largo de 2026, con cursos regulares y talleres especializados en distintos niveles del idioma. Las clases serán presenciales en la sede de la AACI en Retiro y contarán con apoyo virtual, seguimiento y certificación internacional.
Además, el acuerdo habilita pagos escalonados, con un adelanto de hasta el 40% del monto total, y el resto en dos tramos vinculados a resultados intermedios y finales.
Aunque Cancillería informó oficialmente la adjudicación y señaló que se cumplieron los procedimientos de control, la decisión no estuvo exenta de críticas. Sectores opositores cuestionan que la contratación se haya realizado sin competencia real y con una sola oferta registrada, lo que alimenta sospechas de trato preferencial pese a los mecanismos de transparencia activados.
La polémica también llegó al ámbito judicial: la senadora nacional Juliana Di Tullio anunció que presentará una denuncia ante la Justicia Federal contra el ministro Sturzenegger y su esposa por la adjudicación del contrato, alegando que podría configurarse un caso de conflicto de intereses o tráfico de influencias.
Desde el entorno del ministro no hubo hasta el momento respuestas públicas a las críticas ni explicaciones adicionales sobre cómo se definió la elección de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa como proveedor exclusivo. La controversia se suma a otros debates sobre contrataciones públicas y la transparencia en la asignación de recursos del Estado.