El Gobierno nacional puso en marcha en febrero de 2026 la segunda fase de su reforma del Estado, con el objetivo declarado de transformar la planta permanente del sector público en un cuerpo de trabajadores “profesionales” y menos sujeto a influencias políticas. Tras dos años de fuertes recortes de personal, la gestión apuesta ahora a redefinir la carrera administrativa y a vincular la estabilidad en el cargo al cumplimiento efectivo de funciones y horarios, más allá de la militancia o cercanía partidaria.
Desde la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, el Gobierno sostiene que la etapa anterior, marcada por la reducción de la estructura estatal, dejó un plantel más acotado pero todavía con reglas de carrera que, a su juicio, impiden una gestión eficiente. En este nuevo tramo del plan, las autoridades buscan una revisión profunda del Sistema Nacional de Empleo Público para que el empleo en el Estado dependa de criterios técnicos y de desempeño, y no sólo de estabilidad constitucional en términos absolutos. Para los funcionarios oficiales, la estabilidad laboral no debe convertirse en un escudo ante la falta de cumplimiento de tareas, y así proponen activar mecanismos de desvinculación cuando se incumplan funciones.
El plan oficial no llega en un contexto neutral: según datos oficiales, la administración pública nacional cerró diciembre de 2025 con más de 280.000 trabajadores, un 7,2% menos que el año anterior, producto de la política de ajuste que el propio Gobierno ha llamado “motosierra”, por la fuerte reducción de empleos estatales desde 2023.
Desde el oficialismo aseguran que un Estado profesional exige reglas claras de ingreso y permanencia y que la carrera pública debe orientarse a la eficiencia y al mérito técnico. Para financiar y acompañar la reforma, el Gobierno consiguió una cooperación técnica de unos US$ 230.000 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se destinarán a la revisión de estructuras, simplificación de circuitos administrativos, y modernización de sistemas de información y gestión de recursos humanos, según fuentes oficiales.
La reacción del sector sindical no se hizo esperar. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) nacional, uno de los gremios más representativos de estatales, rechazaron de plano la iniciativa. Para sus dirigentes, no existe profesionalización cuando se destruye la capacidad del Estado con recortes y se pretende modificar las condiciones laborales sin participación real de los trabajadores ni de los convenios colectivos. Argumentan que la retención de fondos para capacitación y la falta de diálogo ponen en riesgo las capacidades del sector público.
Expertos en administración pública coinciden en que una verdadera profesionalización requiere concursos transparentes, criterios técnicos de selección y salarios acordes para atraer y retener talento, además de una carrera administrativa consolidada, pero advierten que esos cambios no pueden hacerse únicamente desde la órbita ejecutiva sin una discusión más amplia con los actores sindicales y la sociedad.
Con estos cambios, el Gobierno busca consolidar un Estado con burocracia más técnica y supuestamente menos permeable a influencias políticas, mientras que la discusión sobre eficiencia, derechos laborales y papel del sector público en el desarrollo económico y social sigue encendida.