La emblemática fábrica argentina Fate, con más de 80 años de historia en la industria del neumático, anunció este miércoles 18 de febrero de 2026 el cierre definitivo de su planta productiva en Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires, y la desvinculación de sus 920 trabajadores. La decisión marca el fin de una trayectoria que comenzó en 1940 y que durante décadas fue sinónimo de producción nacional de cubiertas para autos, camiones y maquinaria agrícola.
La empresa, propiedad de la familia Madanes Quintanilla, confirmó que la planta dejará de operar de forma inmediata y que se procederá a liquidar el negocio. Según explicaron desde la firma, la determinación responde a “cambios en las condiciones de mercado” y a un contexto económico que ha vuelto insostenible la continuidad de la producción local frente a la competitiva entrada de productos importados.
Los trabajadores se enteraron del cierre cuando llegaron para cumplir con su jornada laboral. La compañía promete que los indemnizará
La compañía aseguró que, pese a la decisión, se cumplirán con los pagos de indemnizaciones y haberes pendientes dentro de los plazos que marca la ley. En un comunicado firmado por el directorio, Fate destacó su trayectoria industrial, señalando que durante décadas mantuvo inversiones, desarrollo tecnológico y una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina.
El presidente de la empresa, Javier Madanes Quintanilla, nieto del fundador, no emitió declaraciones públicas en el comunicado oficial, pero allegados señalaron a la prensa que se trata de un día de luto para la compañía y que la decisión fue dolorosa pero inevitable.
Javier Madanes Quintanilla, presidente de Fate y Aluar
La medida generó una rápida y fuerte reacción de los trabajadores y del sindicato. Desde temprano, empleados de Fate se concentraron dentro y fuera de la planta en San Fernando. La tensión creció cuando algunos trabajadores subieron al techo del establecimiento y grupos sindicales intentaron ingresar al predio tras cortar parte del alambrado. La Policía Bonaerense intervino y, según informaron fuentes oficiales, detuvo al jefe del gremio local del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de la Argentina (SUTNA), Alejandro Crespo, junto a otras personas involucradas en la protesta.
Trabajadores de Fate se agruparon en la histórica planta de San Fernando tras la noticia de su cierre. (Maximiliano Luna)
Las autoridades policiales señalaron que se actuó ante la posible “turbación de la propiedad” y que el predio quedó custodiado para evitar nuevos intentos de ingreso. Desde el SUTNA, Crespo calificó el cierre como “totalmente ilegal” y acusó a la empresa de no haber agotado los mecanismos previstos para buscar soluciones antes de decidir el cierre definitivo. También alertó sobre los riesgos de una reforma laboral que, según su posición, podría reducir protecciones para los trabajadores y facilitar este tipo de cierres.
El anuncio del cierre se produce en un contexto de larga crisis en la actividad industrial local y en particular en el sector del neumático. Fate ya había enfrentado reducciones de personal en años anteriores, con recortes significativos en 2019, 2021 y 2022. En 2024 la empresa solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la caída de ventas y la pérdida de mercados de exportación, lo que derivó en más ajustes y despidos durante esos años.
El mensaje de la empresa para informar el cierre a sus empleados
La empresa también había señalado públicamente que factores como la “abusive sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias, deficiente infraestructura, costos laborales altos y la conflictividad gremial” complicaron su competitividad frente a las importaciones, especialmente de neumáticos provenientes de países como China. Esto, aseguraron, generó una brecha de costos que hizo inviable sostener la producción en la Argentina.
El cierre de Fate tendrá un impacto profundo en la vida de 920 trabajadores y sus familias, muchos de los cuales tenían larga antigüedad en la empresa. La decisión también reaviva el debate sobre la situación de la industria nacional, la apertura comercial y las políticas de protección al empleo en sectores tradicionales. Más allá de las indemnizaciones, la comunidad industrial y sindical enfrenta ahora el desafío de encontrar soluciones que mitiguen las consecuencias sociales y económicas de esta drástica medida.