Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado del gobierno nacional, se encuentra en el centro de una fuerte controversia política y mediática luego de firmar un contrato por $720 millones para alquilar cuatro pisos de oficinas y 24 cocheras en pleno microcentro porteño, a pocas cuadras de la Casa Rosada. La decisión genera críticas incluso entre sectores cercanos al Gobierno, ya que contradice la línea oficial de “achicar el Estado” y la promoción del plan de “alquiler cero” para reducir el gasto en locaciones, una bandera de la gestión actual.
El contrato, que tendrá vigencia por 12 meses, fue tramitado como una contratación directa con adjudicación simple, y según la documentación oficial solo se presentó una oferta para cubrir ese espacio de oficinas ubicado en la avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788. El canon mensual pactado asciende a $60 millones, lo que equivale a un total de $720 millones por año, una cifra que generó sorpresa y cuestionamientos en el contexto de las políticas de austeridad que impulsa el Ejecutivo.
Las críticas no se limitan a opositores políticos. Analistas y referentes del propio sector libertario dentro de la coalición gobernante interpretan la medida como una contradicción evidente con el discurso oficial. El plan “alquiler cero”, promovido por la Secretaría de Trabajo entre otras áreas, busca justamente eliminar gastos en locaciones para dependencias estatales y “achicar” la estructura del Estado con recortes de personal y reducción de costos corrientes. En este marco, la decisión de Sturzenegger de alquilar oficinas premium con recursos públicos profundiza tensiones internas y abre un debate sobre prioridades de gasto.
La polémica se extiende más allá del millonario contrato de alquiler. En los últimos días también surgieron denuncias penales contra Sturzenegger por supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato de más de $114 millones a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad dirigida por su esposa, María Josefina Rouillet, para brindar cursos de inglés al personal del Ministerio de Relaciones Exteriores. Abogados de la agrupación Reset Republicano presentaron una denuncia ante la Cámara Criminal y Correccional Federal por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, aludiendo a una presunta omisión de publicación de la información en la web de la Oficina Anticorrupción, como exige la normativa vigente.
60 millones por mes más expensas Cuesta el alquiler para las oficinas de “El Coloso”. (ARCHIVO)
La controversia por este contrato vinculado a la AACI también incluye cuestionamientos sobre transparencia: un dictamen de la Oficina Anticorrupción detectó que no todos los documentos del expediente estaban visibles en el sitio oficial, lo que alimenta las dudas públicas sobre el proceso administrativo. Solo diez agentes han cursado inglés en 2025 en ese marco, y para 2026 la proyección es de 132, cifras que ciertos críticos consideran desproporcionadas respecto al monto adjudicado.
Desde el Gobierno y Cancillería se defienden. Voceros oficiales, incluido el canciller Pablo Quirno, han afirmado que no existen irregularidades en la contratación con la entidad dirigida por Rouillet y que el procedimiento respetó todos los mecanismos de control previstos, con la intervención de la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Argumentan que la relación contractual con la AACI se remonta a años anteriores y que, por existir un vínculo familiar, se activaron los mecanismos de integridad correspondientes.
El contexto de estas polémicas se da en medio de un año de intenso debate político y legislativo en Argentina. Sturzenegger ha sido una figura central en la implementación de las políticas de desregulación y ajuste, y en los últimos meses fue protagonista de reuniones internacionales, como un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en Arabia Saudita, para reforzar vínculos y analizar el cumplimiento de objetivos económicos en el país.
Sin embargo, en el plano doméstico, las críticas arrecian tanto por la contradicción entre el discurso de reducción del Estado y la ampliación de oficinas con un gasto elevado financiado con fondos públicos, como por los reclamos de mayor transparencia y control sobre contrataciones vinculadas a funcionarios públicos y sus vínculos personales. En un momento en el que el Gobierno busca consolidar políticas de austeridad y promover una gestión más eficiente del gasto, este episodio abre una discusión sobre prioridades, coherencia institucional y expectativas ciudadanas respecto al uso responsable de los recursos del Estado