El Senado de la Nación dio este jueves un paso clave para cambiar el régimen penal que rige a los adolescentes en Argentina. Tras un plenario de las comisiones de Justicia, Asuntos Penales, Presupuesto y Hacienda, la Cámara alta dictaminó a favor del nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para determinados delitos graves.
La iniciativa, que ya había recibido media sanción en la Cámara de Diputados, quedó lista para ser debatida en el recinto en una próxima sesión extraordinaria que el oficialismo aspira a convocar la semana próxima.
Para quienes impulsan la reforma, se trata de una respuesta a “la demanda de la sociedad” frente a hechos de violencia y delitos cometidos por adolescentes, argumentando que el sistema vigente desde 1980 requiere una actualización. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aseguró en sus redes que “no puede haber más víctimas ni impunidad de menores que se escudan en su edad” y afirmó que la intención es sancionar la ley cuanto antes.
El proyecto no se limita únicamente a bajar la edad de imputabilidad. También establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros, y contempla medidas alternativas para infracciones menores, como servicios comunitarios, monitoreo electrónico o reparación del daño. Además, se prevé la creación de establecimientos especiales para menores condenados, con educación, atención médica y tratamiento, y la prohibición de convivencia con detenidos mayores.
Durante el tratamiento en comisión, se escucharon testimonios muy fuertes de familiares de víctimas que sufrieron delitos cometidos por menores y reclamaron una respuesta más dura del sistema judicial.
Aunque el oficialismo consiguió el dictamen con el apoyo de bloques aliados, también hubo señales de tensión y pedidos de aclaraciones sobre algunos puntos de la letra chica del texto por parte de sectores que acompañan en general pero quieren mayores certezas sobre cómo se aplicará.
El debate por este cambio legislativo había comenzado semanas atrás en la Cámara de Diputados, donde el proyecto fue aprobado con 149 votos a favor y 100 en contra. Algunos dirigentes de la oposición criticaron la iniciativa, sosteniendo que no resuelve la raíz de los problemas sociales y de seguridad, y pidieron enfoques más centrados en políticas educativas y de inclusión.