Si se aprobara hoy mismo la reforma laboral que el Senado ya respaldó y que está siendo debatida en la Cámara de Diputados, la vida cotidiana de millones de trabajadores podría cambiar en aspectos que hasta ahora parecían intocables. Ese es el corazón de una discusión que atraviesa no solo al mundo político, sino también a sindicatos, empresarios y a sectores de la sociedad que salieron este jueves a expresar su rechazo en la calle con un paro general convocado por la CGT.
Uno de los puntos más comentados tiene que ver con las vacaciones. La propuesta oficial plantea que, por normativa general, el período obligatorio para que las empresas concedan vacaciones quedaría entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Sin embargo, si trabajador y empleador están de acuerdo, esa fecha podría moverse fuera de esos meses. Además, se permitiría fraccionar las vacaciones en tramos, siempre que cada uno dure al menos siete días corridos. Para quienes laboran en distintas áreas dentro de una misma empresa, la reforma establece que cada trabajador debe tener garantizado al menos un descanso de verano cada tres años.
Con la reforma laboral, las vacaciones deberán concederse entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. (Imagen Ilustrativa)
Pero no es solo eso. El proyecto también modifica el régimen de indemnizaciones por despido. Aunque conserva el principio de un mes de sueldo por cada año trabajado (o fracción mayor a tres meses), la base de cálculo ya no incluiría el aguinaldo ni premios no mensuales. Igualmente, se fija un máximo de tres veces el salario promedio del convenio correspondiente, y un piso que no puede bajar del 67% de la remuneración habitual o del equivalente a un mes de sueldo. Quienes pierdan su empleo por despido recibirían la indemnización de forma que, en teoría, extingue cualquier reclamo posterior, salvo casos excepcionales.
Un punto que provoca fuertes debates es el “banco de horas”: un sistema que permitiría que las horas extra trabajadas se compensen con tiempos libres en momentos con menos producción. Para el Gobierno, se trata de una herramienta para flexibilizar la jornada y adaptarla a los vaivenes de cada rubro; para buena parte de los trabajadores y gremios, significa una reducción de los ingresos que hoy se cobran por horas extras, y una presión mayor para aceptar acuerdos con condiciones desfavorables.
El proyecto también incorpora otras disposiciones: permitir pagos de indemnizaciones en cuotas ajustadas por inflación y un interés anual; considerar la antigüedad de los contratos a plazo fijo dentro de la antigüedad total; y establecer que ciertos acuerdos sobre jornada reducida solo podrán hacerse con representación sindical y respetando descansos mínimos.
Manifestantes de diferentes sindicatos y partidos políticos se concentraron alrededor del Congreso Fotografía: Gastón Taylor
Todo esto ocurre mientras los gremios, especialmente la CGT, mantienen una postura de rechazo frontal. Este jueves realizaron un paro general de 24 horas en protesta por el tratamiento de la reforma y adelantaron que, si la ley llega a sancionarse, la llevarán a la Justicia por considerar que vulnera principios protegidos por la Constitución, como los derechos laborales básicos y la prohibición de retroceder en ellos. El secretario general de la central obrera, Jorge Sola, fue claro al afirmar que el sindicalismo no se limitará a las protestas callejeras sino que continuará con acciones judiciales y organizativas.
Frente a este contexto, el oficialismo asegura que la reforma busca modernizar un marco laboral que, según sus legisladores, ya no está acorde a las necesidades del mercado actual. Señalan que mayor flexibilidad puede traducirse en más empleo formal y menos litigiosidad laboral, aunque críticos señalan que los cambios podrían generar más incertidumbre para los trabajadores y debilitar su capacidad de negociación colectiva.
La discusión sigue en la Cámara de Diputados y, si se introduce alguna modificación al texto que ya fue aprobado en el Senado, la ley volverá a esa cámara para su sanción definitiva, como marca la Constitución. En medio de un país partido por opiniones encontradas, el futuro de esta reforma laboral sigue siendo una de las principales peleas políticas y sociales de febrero de 2026.