La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que conduce Claudio “Chiqui” Tapia, rechazó de manera enérgica el pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ) para que se designen veedores con acceso a documentación contable y financiera de la entidad y anunció que recurrirá a la Justicia para frenar esa medida.
En un comunicado institucional difundido el jueves 26 de febrero de 2026, la AFA afirmó que “no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley”, frase que resume el rechazo al accionar de la IGJ. La Casa Madre del fútbol sostuvo que el pedido de veedores no puede interpretarse como una sanción, aunque la propia resolución que lo dispone mencione “graves irregularidades”.
La IGJ había solicitado formalmente al Ministerio de Justicia de la Nación la designación de funcionarios para relevar datos que, según ese organismo, no fueron entregados en tiempo y forma por la AFA. Entre los puntos de interés, se mencionan estados contables cerrados al 30 de junio de 2025 y procesos administrativos como la creación de una universidad vinculada al fútbol.
Desde AFA enfatizaron que la resolución de la IGJ no implica “sanción ni interferencia en el manejo y administración de la entidad”, sino un acto preparatorio, y cuestionaron que se hable de “graves irregularidades” si no se aplican medidas concretas como multas o intervención. Para la entidad que agrupa a los clubes, esta contradicción pone en duda la intención real de la veeduría.
En el mismo comunicado, la AFA también cuestionó el cuestionamiento de la IGJ sobre el cambio de domicilio legal de la institución, recientemente inscripto en la provincia de Buenos Aires. Según los directivos, ese traslado fue aprobado por las autoridades provinciales y no debería ser objeto de objeción por parte del organismo de control.
Además de refutar los argumentos técnicos, la conducción de la AFA dejó claro en su respuesta que cree existe un trasfondo político en la decisión de la IGJ. En el texto se menciona que esta veeduría formaría parte de una política pública orientada a imponer un modelo de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que, según Tapia y sus allegados, debilitaría el modelo de clubes sociales fundado en la asociación civil y la gestión de los socios.
Para detener la designación de veedores, la AFA anunció que presentará recursos judiciales ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La intención es que sea la justicia, y no un organismo estatal con presuntas motivaciones políticas, la que determine la validez de la medida.
Este conflicto se inscribe en un contexto más amplio de tensiones entre el fútbol argentino y la justicia, que en las últimas semanas llevó incluso a que se anunciara una suspensión de partidos del torneo local en señal de rechazo a denuncias judiciales contra dirigentes de la AFA. Aunque esa decisión fue tomada antes del comunicado sobre la veeduría, refleja el clima de alta polarización entre la dirigencia futbolística y diversos actores del sistema judicial y político.
Hasta ahora no hubo pronunciamientos oficiales por parte de la IGJ o del Ministerio de Justicia después de que la AFA hiciera público su descargo, lo que indica que este tema seguirá en desarrollo y con posibles repercusiones para la conducción del fútbol argentino en los próximos días.